Diego ‘N’, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha sido sentenciado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. Esta sentencia se produce en un contexto de grave preocupación por la violencia digital que afecta a las jóvenes, en especial a las alumnas de esta institución. La noticia fue divulgada por la Asamblea Colectiva de Justicia Digital IPN, un grupo de estudiantes que denunciaron los actos del joven, quien había sido acusado de alterar fotografías de sus compañeras con fines sexuales utilizando inteligencia artificial.
Cabe señalar que la sentencia contra Diego ‘N’ se emitió el 14 de mayo, aunque su lectura tuvo lugar el 21 de ese mismo mes. Importa resaltar que este fallo es independiente de la acusación de violencia digital relacionada con la edición y comercialización de imágenes de sus compañeras, lo que subraya la gravedad de sus acciones.
La condena se fundamenta en el descubrimiento de más de 166 mil imágenes y 20 mil videos en el dispositivo de Diego, muchos de los cuales pertenecen a estudiantes del IPN, cuyas edades oscilan entre los 17 y 25 años. Este contenido, tanto original como editado, tenía como propósito la explotación sexual, lo que resalta las dimensiones alarmantes de este caso.
Enfrentando aún siete carpetas de investigación adicionales, Diego ‘N’ se ve en el centro de un escrutinio judicial más amplio. Seis de estas carpetas se relacionan con la violencia digital contra alumnas del IPN, y una más por pornografía infantil. Aunque ya se dictaron sentencias absolutorias en algunos de estos casos, la abogada Valeria Martínez, quien representa a ocho jóvenes denunciantes, ha enfatizado la necesidad de establecer un precedente en situaciones de violencia digital.
Martínez ha manifestado la intención de apelar una de las sentencias absolutorias, señalando la presunta parcialidad del juez que permitió la presencia de representantes del acusado, lo que generó inquietud en el contexto de la audiencia. Esta situación ha avivado el debate sobre la protección de las víctimas de violencia digital y la necesidad de respuestas más efectivas por parte del sistema judicial.
Con un caso que toca las fibras más sensibles de la comunidad estudiantil, los ecos de esta controversia perduran, subrayando la complejidad del uso de la tecnología en actos delictivos y la urgencia de la justicia para las víctimas afectadas.
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