Hasta 12 años en prisión serán acreedores servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente la procuración de justicia en casos de feminicidio, aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados con 432 votos a favor.
Las reformas al párrafo quinto del artículo 325 del Código Penal Federal aumentan la pena a un rango de cuatro a 12 años de prisión e incluyen una inhabilitación para desempeñar cargos por un periodo igual a de la pena privativa de la libertad que se aplique a los servidores públicos.
La diputada morenista Adriana Bustamante Castellanos recordó que un caso de obstrucción de acceso a la justicia se dio en el feminicidio de Ariadna Fernanda, pues el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, aseguró que la causa de su muerte había sido por broncoaspiración causada por una severa intoxicación alcohólica; la hipótesis fue rechazada por la Fiscalía General de la Ciudad de México que concluyó que un golpe fue la causa de muerte de la joven.
La legisladora aprovechó su intervención en tribuna para solicitar la remoción de Carmona de la Fiscalía por el presunto encubrimiento de Rautel N, feminicida de Ariadna Fernanda.
“Les pido su voto a favor de este dictamen, en cumplimento al compromiso que tenemos con las víctimas de feminicidio, como Ariadna Fernanda, como Karla Yesenia, como tantas y tantas y tantas que se acumulan cada día”, indicó.
En contraste, la diputada Elvia Martínez Cosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la aprobación de la reforma no va a ayudar a que las familias de mujeres víctimas de feminicidio accedan a justicia, pues ello implicaría que lleven dos denuncias simultáneas: la del feminicidio y la omisión por parte de las autoridades y ello haría más burocrática la búsqueda de justicia.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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