La banca mexicana ha marcado un hito significativo en su trayectoria reciente, transicionando de la crisis provocada por sanciones internacionales a un panorama más estable y resiliente. En junio de 2025, el Tesoro estadounidense sancionó a tres instituciones —CI Banco, Intercam y Vector— lo que generó una amplia reacción en el sector financiero. Sin embargo, en los meses siguientes, la capacidad de adaptación del sistema financiero mexicano ha quedado demostrada, con la obtención de licencias de operación por parte de dos nuevas entidades y el avance de otras en los protocolos regulatorios necesarios.
Este contexto de cambio ha sido impulsado por el compromiso del gobierno mexicano para fortalecer el marco regulatorio en la prevención de lavado de dinero. Las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a la adición del artículo 400 Bis en el Código Penal Federal son ejemplos de medidas que están en marcha para mitigar riesgos asociados a actividades delictivas. Este esfuerzo se ha visto complementado por la adaptación de las instituciones financieras a la reforma del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, todas ellas en línea con el objetivo de asegurar un entorno financiero más seguro.
En una exposición que reunió a delegaciones de alto nivel estadounidenses —incluyendo la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y el FinCen— la 89 Convención Nacional Bancaria se convirtió en un espacio crucial para el diálogo. Los representantes del sistema financiero mexicano, encabezados por Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, compartieron sus avances con las autoridades norteamericanas, subrayando la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La evaluación de México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha añadido un nuevo nivel de urgencia a estos esfuerzos. El país se encuentra en su quinta ronda de evaluación, lo que ha llevado a una revisión exhaustiva de las vulnerabilidades detectadas en evaluaciones previas. Se espera que las medidas adoptadas para gestionar riesgos de lavado de dinero no solo aborden problemas existentes, sino que también fortalezcan la confianza en el sistema financiero.
Con el anuncio reciente de un acuerdo entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para mejorar la supervisión con un enfoque basado en riesgos, se establece un camino claro hacia la mitigación de esquemas ilícitos. Este compromiso no solo busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano, sino también asegurar la estabilidad económica del país.
En el horizonte, la presidenta de GAFI, Elisa de Anda Madrazo, prepara su transición de liderazgo, un símbolo del compromiso renovado de México con la regulación financiera a nivel internacional. A medida que se avanza hacia un futuro más seguro y compliant, el enfoque proactivo del sector bancario podría ser un modelo de referencia para otros países que enfrentan desafíos similares en la lucha contra delitos financieros.
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