Lima ha sido el escenario de una creciente tensión diplomática, tras la reciente declaración del Congreso peruano que designa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata”. Esta decisión se fundamenta en lo que las autoridades peruanas consideran una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país, específicamente por la concesión de asilo político a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta serios cargos relacionados con un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
El congreso, dominado por partidos de derecha, aprobó la moción con 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, argumentó en conferencia de prensa que desde la llegada de Sheinbaum al poder, ha habido una conducta hostil hacia Perú. El argumento se basa no solo en declaraciones de la presidenta mexicana que, según ellos, menoscaban la imagen del país, sino también en el reciente acto de otorgar asilo a Chávez.
Desde el lunes, tras la decisión de México, Perú rompió relaciones diplomáticas. Las tensiones se intensifican mientras Chávez se encuentra asilada en la embajada mexicana, y la cancillería de Perú aún evalúa su solicitud de salvoconducto. Rospigliosi expresó que es “inaceptable” que el gobierno mexicano brinde refugio a personas asociadas con una administración que intentó desestabilizar al país.
Sin embargo, hay voces de oposición que critican esta decisión del Congreso. Jaime Quito, congresista del partido de la bancada Socialista, se opuso rotundamente a la resolución, indicando que esta ruptura con México es un “papelón internacional” que ignora los convenios de asilo diplomático firmados por Perú desde 1954. A pesar de la crisis política, el comercio bilateral entre Perú y México se mantiene en pie.
El presidente interino de Perú, José Jerí, comunicó que la encargada de la embajada mexicana, Karla Ornela, tiene un plazo para abandonar el país, en un contexto donde la situación se vuelve cada vez más delicada. Para marzo de 2025, el juicio a Chávez y Castillo por presuntos delitos de rebelión ya había comenzado, con la fiscalía solicitando 25 años de prisión para Chávez debido a su participación en el fallido plan de Castillo.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Castillo trató de disolver el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente, momento en el cual un proceso de destitución en su contra estaba en marcha. Mientras Castillo enfrenta prisión preventiva, Chávez sigue procesada en libertad, situación que ha mantenido a las autoridades peruanas en un estado de agitación.
Por su parte, el gobierno mexicano ha respondido a la declaración del Congreso peruano, defendiendo la postura de que no ha interferido en los asuntos internos de Perú. La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la declaración de “persona non grata” está basada en “planteamientos falsos”, y se refirió a la Asamblea de la ONU, que ha declarado el asilo como un acto pacífico.
La ruptura de relaciones entre estos dos países hermano pone en evidencia la fragilidad de la diplomacia regional, en un contexto donde las disputas internas y los problemas políticos pueden tener repercusiones significativas en la diplomacia internacional. La situación sigue evolucionando, dejando a ambos países ante la necesidad de buscar una resolución que restablezca el diálogo y el respeto mutuo.
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