La reciente agitación social en Zacatecas se ha encendido en torno a la comercialización del frijol de la producción primavera-verano 2025, generando un conflicto que amenaza con desbordarse. El secretario general del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció que la respuesta a las protestas de los agricultores fue un error, dado que un operativo de las Fuerzas de Reacción Inmediata resultó en numerosos ciudadanos golpeados y al menos una docena fueron detenidos.
Entre los líderes del movimiento que se hizo eco de esta problemática se encuentra Alberto de Santiago, conocido como Tío Beto, quien tiene una gran influencia en la comunidad cristiana. También han sido importantes voces las de Eduardo Goitia y Natalia Amaya, estudiantes de la UAZ, quienes fueron directamente afectados por la represión.
El conflicto ha atraído la atención de funcionarios estatales como Ángel Mario Olaiz, quien representa el programa Alimentación para el Bienestar, y otros delegados de Sader. Este bloque gubernamental ha sido señalado como insuficiente para atender las necesidades de los productores, quienes se han movilizado para hacer valer sus derechos.
El apoyo a los agricultores ha encontrado un respaldo inesperado entre diversas figuras, incluyendo a líderes feministas y sindicales. La presencia de activistas como Emilia Pesci y Marcelino Rodarte, junto con el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, ha fortalecido la lucha por un mejor manejo de la crisis.
En un contexto más amplio, el oportunismo político ha sido palpable. La diputada federal Noemí Luna Hernández no ha tomado a la ligera esta situación; su seguimiento durante tres meses ha servido para exigir pagos inmediatos a los productores y denunciar las presuntas irregularidades en la gestión del conflicto. Además, el alcalde de la capital zacatecana, Miguel Ángel Varela Pinedo, ha criticado abiertamente al gobernador David Monreal por la represión ocurrida el 9 de mayo, sugiriendo que las acciones policiales fueron desproporcionadas.
Sorprendentemente, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, ha anunciado la compra del frijol zacatecano a precios superiores a los del gobierno federal, lo que, aunque de impacto limitado, ha tenido una resonancia política significativa. Los analistas coinciden en que esta maniobra ha permitido al PAN capitalizar una crisis que se origina en la gestión de los gobiernos de Morena, posicionándose como una voz legítima en el sector rural zacatecano.
La inquietud se extiende no solo a los productores, sino también a las instancias gubernamentales. El silencio sobre los 600 millones de pesos destinados a cubrir las demandas de los agricultores zacatecanos plantea interrogantes adicionales sobre la efectividad de las acciones emprendidas.
El impacto de estos acontecimientos se siente más allá de Zacatecas, dejando entrever una narrativa que podría influir en las elecciones del 2027. La gestión de la crisis agrícola no solo se ha convertido en un reto para el gobierno estatal y federal, sino que también ha abierto la puerta a un nuevo capítulo en la política local, donde los actores emergentes buscan reclamar su lugar en la mesa.
Es evidente que el conflicto por la comercialización del frijol en Zacatecas no solo afecta a los agricultores, sino que también es reflejo de tensiones políticas entre diferentes niveles de gobierno, en un momento donde la atención nacional se centra en su resolución y en las posibles repercusiones para los actores involucrados.
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