La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una alarmante ola de violencia que afecta a más de 20 estados en México. El operativo federal culminó el 22 de febrero con su deceso, un hito en la lucha contra el crimen organizado que, sin embargo, ha traído consigo un preocupante efecto colateral: un impacto económico que se siente en comercios, servicios y turismo a lo largo del país.
Organismos empresariales han señalado que los episodios de violencia, junto con bloqueos en carreteras e incendios, han socavado la confianza tanto de empresarios como de consumidores. Esta falta de seguridad se traduce en consecuencias más allá de la seguridad pública, afectando el tejido económico en un país ya marcado por la incertidumbre.
Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), la violencia vinculada a la caída de “El Mencho” ha impactado a cerca de 1 millón de negocios. Las pérdidas económicas preliminares se estiman entre 1,500 y 2,000 millones de pesos, alrededor de 87.5 a 116 millones de dólares. Este derrumbe se debe a cierres preventivos, daños a propiedades, y bloqueos que han dificultado las rutas logísticas esenciales para la operación de muchas empresas.
Además, estos negocios son cruciales para el empleo, afectando a cerca de 4.8 millones de personas, particularmente en estados onde la violencia ha sido más notoria, como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Sectores clave, especialmente el turístico y el de transporte de mercancías, han sentido el golpe directamente, con una caída notable en su actividad que repercute en hoteles, operadores turísticos y cadenas de suministro.
Ante esta situación crítica, las organizaciones empresariales han pedido al gobierno y a las aseguradoras un respaldo firme para ayudar a los comercios y unidades productivas perjudicadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instado a las aseguradoras a que actúen y presten apoyo a quienes han sufrido daños por los recientes disturbios.
Mientras que algunos sectores mantienen la esperanza de que una ofensiva firme contra el crimen organizado pueda ofrecer beneficios a largo plazo en términos de seguridad y reducción de delitos como extorsiones, la realidad inmediata muestra un panorama de riesgo y volatilidad económica que mantiene al sector privado en estado de alerta. Este contexto de incertidumbre resalta la necesidad de acciones coordinadas que devuelvan la confianza a inversionistas y consumidores en un país en búsqueda de estabilidad.
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