El Congreso abordará una reforma de su reglamento para regular la actividad que los grupos de presión ejercen ante las fuerzas políticas para influir en sus posiciones y en el contenido de las futuras leyes. La iniciativa de los socialistas para elaborar una norma con ese propósito ha obtenido este martes un amplio respaldo de la Cámara para su tramitación, aunque la mayoría de las formaciones ha mostrado discrepancias de fondo con el texto inicial y ha anunciado que propondrá reformularlo. Entre ellos, el PP, también partidario de abordar una reforma así, pero que se ha abstenido con fuertes críticas al contenido de la propuesta socialista. Vox ha vuelto a ser la excepción y ha votado contra la tramitación de la propuesta.
La iniciativa del PSOE propone que cualquier colectivo que pretenda reunirse con un diputado tenga que inscribirse antes en un registro cuyo contenido será público. De ese modo, se pretende dar transparencia a las relaciones de los parlamentarios con grupos que pretendan influir en su actuación. La norma planteada incluiría sanciones para los lobbies que trasladen informaciones falsas o escondan los intereses que representan. Y también multas económicas para los diputados que omitan el deber de declarar sus bienes y actividades. Unas normas, ha destacado el socialista Julio Navalpotro, “urgentes y necesarias” para aumentar la transparencia de la actividad parlamentaria y del proceso de elaboración de las leyes.
Sobre la necesidad de abordar la cuestión casi nadie discrepó. Pero el texto de los socialistas ha estado lejos de concitar unanimidad. Han abundado las críticas porque se ciña a reformar el reglamento del Congreso y no plantee una norma semejante para los miembros del Gobierno. Varios grupos, entre ellos el PNV, le han reprochado que la consideración de grupo de presión se extienda a cualquier colectivo social. “Equiparan a Repsol con una plataforma de jubilados”, ha ejemplificado Néstor Rego, del BNG. En términos más suaves, hasta Unidas Podemos ha mostrado también sus reservas en este punto. “No todos los grupos tienen los mismos intereses ni los mismos recursos para influir”, ha apuntado Gerardo Pisarello en nombre del socio gubernamental del PSOE. El objetivo, según Pisarello, han de ser los lobbies que actúan como “poderes invisibles” y a los que es necesario “sacar de las sombras”.
El PP ha recordado que ya en 2018 promovió una reforma con los mismos objetivos que no llegó a tramitarse tras el cambio de Gobierno y la posterior disolución de la Cámara. El texto actual de los socialistas, sin embargo, ha sido descalificado por el diputado popular Pedro Navarro, que lo ha considerado un ”despropósito”. “Vamos a saber con quién se reúne un diputado, pero no con quién se reúne Iván Redondo [director del gabinete del presidente del Gobierno]”, ha afirmado Navarro. Los populares, en todo caso, no se han opuesto a la tramitación de la reforma. Vox sí lo ha hecho rotundamente. Según su diputado Ignacio Gil-Lázaro, la norma “convierte en influencia cualquier actividad de comunicación”, “discrimina al movimiento asociativo” y prevé un “procedimiento sancionador bananero”. El socialista Navalpotro ha aprovechado para recordarle que los diputados de Vox son los únicos que se han negado a declarar sus actividades en los cinco años anteriores a ser elegidos, además de los regalos que hayan recibido desde que están en el Congreso. Si se aprobase la reforma, esas conductas implicarían una sanción económica.
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