Congreso de Michoacán Aprueba Desincorporación de 38 Bienes

La 76 Legislatura de Michoacán vivió una intensa sesión que culminó con la aprobación de la desincorporación de 38 inmuebles en favor del Gobierno del Estado. Este paso, que tomó más de tres horas de debate, fue el punto número 47 del día y generó una acalorada discusión entre los legisladores.

Finalmente, el dictamen fue respaldado con 29 votos a favor y 11 en contra, sin ninguna abstención. A pesar del apoyo mayoritario de su bancada, algunos morenistas se opusieron a la medida, destacándose las voces de Itzé Camacho Zapiain, Juan Carlos Barragán Vélez y Sandra Olimpia Garibay. También se registraron discrepancias entre miembros de otros partidos, incluidos los emecistas, priistas y panistas, quienes se manifestaron contra la decisión en el hemiciclo.

La atmósfera en el Congreso fue palpable, con la presencia de una pequeña manifestación que llevó pancartas en señal de protesta, liderada por la morenista Ana Lilia Guillén, quien hizo hincapié en su oposición a la venta de estos bienes públicos. En la tribuna, Gulianna Bugarini Torres defendió el dictamen con firmeza, asegurando que las condiciones del mismo impiden la donación de los inmuebles a particulares o familiares de funcionarios.

Sin embargo, la oposición se mantuvo activa. Itzé Camacho expresó su preocupación sobre la posible entrega de estos predios a empresarios y políticos vinculados, sugiriendo la posibilidad de que se conviertan en bares y restaurantes. Desde otro ángulo, Juan Carlos Barragán Vélez argumentó que falta claridad en cuanto al destino futuro y las condiciones de estos inmuebles, resaltando que su valor podría estar infravalorado y su ubicación estratégica ignorada. Por otro lado, la panista Vanessa Caratachea lamentó que la aprobación se otorgara de manera acelerada, sin la debida supervisión por parte del Ejecutivo.

La diputada Grecia Aguilar también se unió al coro de críticas, afirmando que el Congreso actúa como una mera ventanilla de trámite del Ejecutivo. Cuestionó los descuentos de hasta un 60% sobre el valor real de los inmuebles, citando como ejemplo un terreno en Zitácuaro, que se propuso vender por 19 millones de pesos, cuando su valor real es de 40 millones.

En defensa del decreto, Melba Edeyanira Albavera Padilla lo presentó como un acto de justicia para el Estado, instando a los michoacanos a confiar en el proceso. Además, la coordinadora de la bancada ecologista, Sandra Arreola, propuso enmiendas al decreto para asegurar que los predios no sean donados a particulares.

La división de opiniones y las tensiones surgidas durante esta sesión subrayan el delicado equilibrio entre intereses públicos y privados en el manejo de bienes estatales. La decisión sobre la desincorporación de estos inmuebles no sólo refleja una estrategia política, sino también la lucha por la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en Michoacán.

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