Este miércoles, la 76 Legislatura se prepara para una sesión extraordinaria marcada por una alta tensión. En esta reunión, los legisladores discutirán y votarán un dictamen que autoriza la desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal. Algunos de estos inmuebles se destinarán a donación, mientras que otros serán puestos a la venta. Esta decisión es fundamental, ya que se enmarca dentro de una estrategia para optimizar el uso de los recursos públicos.
El dictamen argumenta que varios de los bienes no cumplen con una función estratégica que justifique su conservación. Se menciona que retener estos inmuebles genera cargas administrativas, costos indirectos y la pérdida de oportunidades para inversiones sociales y económicas. En lugar de que estos activos se conviertan en cargas, la propuesta busca canalizar recursos para inversiones públicas productivas, consideradas como el motor para un crecimiento económico sostenible.
Además, se sostiene que esta iniciativa representa una alternativa financiera prudente, permitiendo capitalizar activos improductivos mediante su desincorporación y posterior venta. Los recursos obtenidos se destinarían exclusivamente a potenciar inversiones productivas, lo que facilitaría la transformación de activos improductivos en infraestructura que favorezca el desarrollo, la creación de empleo y el bienestar de la comunidad.
Es relevante destacar que el proyecto establece que cuatro de los inmuebles serán entregados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el resto será comercializado. Esta acción se presenta como un paso hacia la reconfiguración del patrimonio estatal, con la finalidad de hacerlo más eficiente y funcional.
No obstante, la discusión del dictamen no ha estado exenta de controversia. En la sesión anterior, surgió una confrontación directa entre legisladores, impulsada por la diputada panista Vanessa Caratachea, junto con las morenistas Sandra Olimpia Garibay e Itzé Camacho Zapiain, así como Belinda Hurtado Marín de la Representación Parlamentaria. Este grupo tomó la tribuna, impidiendo que la sesión continuara, al exigir que el dictamen se remitiera también a la Comisión de Obra Pública del Congreso. Sin embargo, la solicitud no prosperó, ya que el documento fue analizado únicamente por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública.
A medida que se acerca la sesión, todos los ojos están puestos en cómo se desarrollarán los acontecimientos y cuáles serán las decisiones finales sobre estos importantes activos estatales. La discusión, más allá de los bienes materiales, podría tener un impacto significativo en el futuro económico de la región.
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