El Congreso del Estado de Michoacán ha hecho un importante llamado al Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que se proceda a la actualización de la norma NOM-194-SE-2021. Esta norma, que regula los dispositivos de seguridad para vehículos ligeros, busca fortalecer los requisitos técnicos en los sistemas antirrobo de los automóviles nuevos comercializados en el país.
La propuesta, impulsada por el diputado Guillermo Valencia Reyes, fue aprobada por el Pleno del Poder Legislativo. En su discurso, Valencia Reyes subrayó la necesidad de que la Secretaría de Economía evalúe la posibilidad de establecer requisitos mínimos obligatorios para la seguridad antirrobo de los vehículos, integrando estándares internacionales y considerando los métodos actuales de vulneración de sistemas electrónicos.
Este exhorto también extiende una invitación a las empresas automotrices Toyota Motor Sales de México y Honda de México. Se les solicita que, en función de sus capacidades, implementen medidas adicionales para proteger sus vehículos contra el robo, especialmente aquellos modelos que han sido objeto de reportes de vulnerabilidad.
El robo de vehículos se ha convertido en uno de los delitos patrimoniales más perjudiciales para las familias y las empresas en Michoacán. Valencia Reyes destacó que la pérdida de un automóvil no solo se traduce en la pérdida de un bien material, sino que también implica la posible pérdida de patrimonio familiar y el riesgo a la integridad de las víctimas.
El avance tecnológico en el campo delictivo ha transformado las modalidades de robo. Los métodos mecánicos que antes predominaban ahora se complementan con tecnologías capaces de vulnerar sistemas de acceso y encendido. La norma vigente coloca los sistemas de antirrobo como “elementos adicionales de seguridad”, lo que significa que su instalación es actualmente opcional para los fabricantes.
Ante esta situación, se hace un llamado a revisar la obligatoriedad de integrar tecnologías de seguridad antirrobo en los vehículos nuevos, así como a reforzar los procedimientos de evaluación de estas medidas.
Este pronunciamiento del Congreso de Michoacán se presenta como una respuesta al grave problema que enfrenta la sociedad en términos de seguridad automotriz, entendiendo que la protección de los bienes materiales debe ir de la mano con avances normativos que respondan a la evolución de la delincuencia.
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