El litigio por el caso Calica en Playa del Carmen plantea serias repercusiones para México ante la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), una situación que podría intensificar las tensiones entre los dos países. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y negociador del pacto comercial, advirtió que el asunto Calica es crucial, especialmente si la revisión del tratado requiere ratificación legislativa en Washington. Legisladores estadounidenses han expresado su descontento con la manera en que se ha manejado este problema, lo cual podría afectar el ambiente comercial entre naciones.
El foco del conflicto se centra en Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), una subsidiaria de Vulcan Materials Company, empresa que desde su compra de Calica en 2001 ha estado involucrada en la extracción de piedra caliza para ser exportada, principalmente, a Estados Unidos. Las operaciones de Calica se vieron interrumpidas desde 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la explotación de piedra caliza alegando incumplimientos en su autorización ambiental. Esta medida se volvió definitiva en 2022, lo que llevó a la paralización del muelle de Punta Venado, un punto crucial para la exportación de sus productos.
Las tensiones escalaron cuando a finales de 2023, senadores estadounidenses enviaron una carta al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, demandando el cese de las acciones “dañinas” contra empresas estadounidenses, en referencia al cierre de Calica y del muelle. Alertaron que, de ensayar confiscaciones de terrenos o activos de la empresa, se verían forzados a explorar todos los recursos legales disponibles para proteger sus intereses.
El conflicto ha pasado de ser un litigio administrativo a un caso internacional, dado que Vulcan ha llevado el asunto ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este arbitraje, iniciado en 2018, se basa no solo en las clausuras impuestas, sino también en cambios al Programa de Ordenamiento Ecológico Local que afectaron el uso de suelo de los terrenos donde opera. La reclamación inicial de Vulcan era de 1,500 millones de pesos, cifra que se incrementó a 1,900 millones de dólares tras una ampliación de la demanda aceptada por el tribunal.
Así, el caso Calica no solo atañe a cuestiones ambientales y de inversión, sino que se erige como un punto de fricción significante entre México y Estados Unidos en un contexto de revisión del T-MEC. Las decisiones que se tomen en este litigio podrían tener implicaciones duraderas en la relación comercial entre ambos países y en la percepción internacional de México como un destino confiable para la inversión extranjera.
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