Los vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han movido por fin ficha este lunes para empezar a negociar con el sector progresista la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa de los conservadores se produce cuando faltan 24 horas para que venza el plazo legal para esos nombramientos, un plazo que no va a cumplir el Poder Judicial. Tras varios días de espera por parte del bloque progresista, los vocales propuestos por el PP han comunicado a primera hora de este lunes los nombres de los dos consejeros que van a representar a este sector: Carmen Llombart y José Antonio Ballestero. Las conversaciones empezarán a lo largo de la mañana, pero en los planes de los conservadores está que el primer contacto sea solo para “establecer las bases sobre cómo tiene que desarrollarse el diálogo”, según fuentes de este bloque.
Los vocales del sector conservador, que hasta hace unos días amenazaban con bloquear la designación de los dos magistrados del Constitucional, acabaron accediendo a negociar los nombramientos, pero ya advirtieron durante el pleno celebrado el pasado jueves que no se sentían vinculados por la fecha límite de este martes, 13 de septiembre, que fijó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ), aprobada por el Congreso antes del verano y que devuelve al actual órgano de gobierno de los jueces —cuyo mandato expiró en diciembre de 2018— las competencias para elegir magistrados del Constitucional, pero mantiene el veto sobre el resto de nombramientos discrecionales. El pleno del jueves solo pactó las reglas para la futura votación y los consejeros que accedieron al Consejo a propuesta del PP quieren ahora pactar las bases para el diálogo, lo que constata que no tienen prisa en llegar a un pacto y que la negociación será larga.
Así se lo ha comunicado este lunes José María Macías, el vocal que coordina a los conservadores, a Álvaro Cuesta, el principal mediador de los progresistas. Fuentes del sector propuesto por el PP han explicado que llamarán hoy mismo a los progresistas para verse con el objetivo de acordar “las bases” del diálogo. Macías ha anunciado también a Cuesta que serán Ballestero y Llombart los vocales que lleven adelante las conversaciones por la parte conservadora, una información que el bloque progresista demandaba desde el jueves, cuando este sector anunció que Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach serían sus negociadores. Tanto Llombart como Ballestero forman parte del sector conservador más crítico con el Gobierno y que amagó con hacer fracasar la designación de los magistrados del Constitucional.
En el pleno del jueves, los vocales acordaron que no fijarán una fecha para la votación hasta que hayan consensuado el nombre de dos candidatos (previsiblemente uno propuesto por cada bloque), para evitar sucesivas votaciones fallidas. La designación de los nuevos magistrados del Constitucional solo se tendrá por realizada si dos aspirantes obtienen el número de votos exigido de manera simultánea o sucesiva. Es decir, si en una votación un candidato obtiene los votos necesarios, pero el resto no, la designación no se hace, pero a ese se le reservan los apoyos obtenidos hasta que haya otro que reúna los votos necesarios.
Carta de Jourová a Lesmes
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La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, ha dirigido una carta al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en la que le expone su “coincidencia” con lo expresado por este en el discurso de apertura del año judicial: la “urgencia y prioridad absoluta” de renovar el CGPJ y de abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, “que la Comisión considera necesaria”, dos planteamientos que Jourová viene reiterando en público en los últimos meses. En su escrito, la presidenta de la Comisión hace referencia a la “desesperada situación” en la que se encuentra el Poder Judicial español después de casi cuatro años de bloqueo del Consejo y afirma que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado “no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate”.
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