A siete años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, en el Río Sonora y otros cuerpos de agua, la situación socioeconómica, sanitaria y ambiental de los municipios continúa siendo difusa, lo cual se agravó con la contingencia sanitaria por el Covid-19.
Germán Palafox Moyers, maestro del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, expuso que, antes de que se registrara el derrame por parte de la minera, el 6 de agosto del 2014, la zona serrana del Estado se encontraba en camino de que sus productos regionales tuvieran impacto comercial en Estados Unidos.
“Se estaba desarrollando en aquel tiempo un proceso de integración regional, donde podías ver desde productos no regionales hasta productos más elaborados, como quesos, machaca, muebles, entre otras, así como una serie de servicios.
“Esa trayectoria iba consolidando a la sierra de Sonora para establecer cultivos para uvas, para ganado, entre otros productos de carácter primario. Sumado a esto, tenía una tendencia que se da a nivel internacional, de un turismo regional, donde la zona serrana estaba compitiendo con el turismo marítimo”, comentó el especialista.
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Sin embargo, cuando ocurrió el derrame de metales pesados, se vino abajo el proceso de integración regional, afectando directamente a siete municipios y a 23 mil familias habitantes de ellos, que se dedican principalmente a la producción de bienes primarios, donde se calcula que el daño económico fue de aproximadamente mil 300 millones de pesos.
“Hasta la fecha no ha habido ninguna programa soporte, se ha intentado, pero no se ha podido integrar la región como se tenía esperado, posiblemente porque cuando se estaba reactivando viene la pandemia y afectó fuertemente cualquier diseño de programa debido a la exigencia del confinamiento por la pandemia, lo cual vuelve a afectar fuertemente al sector servicio de la zona serra”, explicó.
Por su parte, Julio César Rascón Torres, presidente de la Asociación Sonorenses de Touroperadores, Guías y Anfitriones Turísticos, comentó que debido a la contingencia sanitaria, el número visitantes en los municipios del Río Sonora se redujo drásticamente, lo que se tradujo en una grave disminución de ingresos para los pobladores.
Sin embargo, desde enero del 2021 las condiciones epidemiológicas han cambiado en las comunidades rurales aledañas al Río Sonora, lo que permitió que las poblaciones rurales permitieran visitantes al término del primer trimestre del año, por lo que el número de turistas ha incrementado las ventas hasta en 50% en comparación con el año pasado.
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“La gente busca mucho las salidas hacia el Río Sonora, hacia Álamos, Yécora, Baviácora, Bacadéhuachi, Moctezuma, Nácori Chico, Huachinera, Arizpe, Bacerac, Bavispe, Sahuaripa, Bacanora, todas esas partes, la gente está viajando mucho. En toda esa parte de la sierra alta se ha venido recuperando porque la gente busca muchos viajes para allá”, aseveró.
En ese sentido, aseguró que los visitantes, a pesar de estar interesados en disfrutar de paseos al aire libre y estar en contacto con la naturaleza en localidades rurales, la cuestión sobre la contaminación generada por el derrame en el 2014 pasa desapercibida para la mayoría de los turistas, pues no se muestran preocupados por las consecuencias del siniestro.
Por otro lado, a decir de Nohemí Haro Velarde, economista del área de Análisis y Política Pública en El Colegio de Sonora, la afectación por contaminación del derrame no ha sido solamente económica, sino también ambiental y de salubridad.
“Hay muchas aristas, cuando hablamos de medio ambiente, hay que recordar que tenemos una cuenca que está en debate, pues la UNAM dijo que estaba contaminada y Grupo México dijo que estaba limpia, por lo que la universidad dijo que se requería un programa integral de remediación, pero la empresa dijo que no, solamente hasta el tramo que llega hasta Arizpe”, recordó.
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Asimismo, señaló que la poca claridad en el tema es de los más grave, pues se denegaron las opciones para otorgar agua limpia a la población, pues no fueron aprobadas dentro del fideicomiso, que corría por cuenta de Grupo México y el Gobierno federal, se retiró en febrero del 2017 luego de que la Semarnat y Profepa determinaron que el Río Sonora ya no presentaba contaminación.
“Se rechazaron en todo el proceso, se ejercieron más de mil millones de pesos, pero en realidad no se pudo resolver el problema primario para la población, que era dotarlos con agua limpia, entonces ahorita la población la está comprando en purificadoras. Esa es otra afectación alterna o secundaria.
“No remediaron el problema, se gastaron el fideicomiso en obras de corto plazo, no resolvieron el problema de la calidad del agua de la población y ahora tienen que comprar agua purificada (…) Es una zona con población bajamente remunerada, entonces hay una porción importante que está tomando agua de la llave, porque no tienen para la purificada ya que viven al día, quedan en mayor desventaja la población vulnerable de la región”, puntualizó.
