Era un último intento, que tenía pocas posibilidades de prosperar. El juez británico Matthew Nicklin ha negado este martes a la defensa de Juan Carlos I la posibilidad de paralizar el juicio por hostigamiento, difamación y vigilancia ilegal contra el rey emérito. El abogado Daniel Bethlehem había solicitado permiso para apelar la decisión tomada por el magistrado la semana pasada de denegar al exmonarca la inmunidad legal para ser juzgado por la demanda interpuesta por su examante, Corinna Larsen.
La representación legal del anterior monarca español había acudido este martes a la Sala 76 del Real Tribunal de Justicia de Londres pertrechada de argumentos jurídicos y factuales para intentar convencer al magistrado de que se replanteara su decisión. El barrister (abogado con capacidad de argumentar en sala, en el derecho inglés) Bethlehem, con la prudente cortesía necesaria para no despertar la irritación del juez Nicklin, le ha dicho que se ha equivocado al interpretar jurídicamente la cuestión de la inmunidad, pero también que estaba dando ventaja procesal a la demandante si le permitía (sugería, más bien) modificar su escrito de acusación para escapar definitivamente a la trampa de la inmunidad legal del rey emerito.
-”¿No coincide usted conmigo en que el escrito de demanda contiene partes muy ambiguas?”, preguntaba el juez al abogado.
–”No nos corresponde a nosotros definirlo, pero queda claro en todo momento que la demandante señala al general Félix Sainz Roldán como director del CNI, que actuó en tal capacidad”, respondía Bethlehem. El juez había pedido a la parte demandante que modificara esa parte del texto para señalar que Roldán había actuado de modo privado y como amigo del exrey, para evitar cualquier impresión de que sus actos (sus acercamientos a Larsen para pedirle que se alejara del rey emérito) tenían cobertura estatal.
Pero además, la defensa ha puesto sobre la mesa argumentos generales para seguir sosteniendo la inmunidad, y sobre todo la necesidad de que el asunto se resolviera antes de proceder con el resto del juicio: por la novedad del asunto ―un ex jefe de Estado que reclama inmunidad por el título que retiene―; por la alta sensibilidad de todas las acusaciones y por la complejidad legal de la inmunidad estatal en el derecho internacional privado.
El juez Nicklin ha decidido, por una cuestión de economía procesal, que el juicio debe seguir adelante. La defensa de Juan Carlos I ha anticipado ya su voluntad de acudir a una instancia superior, el Tribunal de Apelación, para solicitar una paralización. Y ha logrado, por lo menos, cierta flexibilidad por parte del juez. No habrá nueva vista hasta el 1 de julio.
De ese modo, la defensa de Juan Carlos I podrá intentar, en un plazo realmente muy breve (lo normal es que una apelación así lleve meses) un último esfuerzo por congelar el juicio y rescatar su argumento de que los actos de Juan Carlos I contra Corinna Larsen estaban protegidos por la llamada “inmunidad de Estado”. Era una última señal por parte del magistrado de que la posibilidad de que un Tribunal de Apelación afecte su caso era muy real, y por eso al final de la vista ha sugerido incluso que si una instancia superior le pedía más tiempo, lo concedería.
“Mi cliente aprecia las decisiones prácticas del Tribunal Superior de Justicia para la administración del procedimiento y espera sirvan para limitar nuevas demoras en el mismo”, ha afirmado Robin Rathmell, uno de los abogados del equipo jurídico de Larsen, sin dejar de señalar que la decisión del juez Nicklin “había rechazado los intentos por parte de Don Juan Carlos de frustar el avance de la denuncia”.
El juez Nicklin rechazó la semana pasada el amparo de la inmunidad, porque, según su argumentación, ni Juan Carlos I retiene el carácter de “soberano” (en el sentido de jefe de Estado) ni pertenece, de modo dependiente, a la familia de Felipe VI. Ese era el argumento esgrimido por la defensa, que se acogía a la Ley de Inmunidad de Estado del Reino Unido.
La defensa ha expresado además su protesta, y voluntad de recurrir, ante la petición del juez a la demandante de que corrigiera parte de su demanda, para dejar claro que el general Félix Sainz Roldán, ex director general del CNI, actuó en todo momento como ciudadano privado para ayudar a su amigo el rey emérito y convencer a Larsen de que cejara en su empeño. El abogado Bethlehem ha insistido una y otra vez en que las decisiones judiciales debían tomarse sobre la base del escrito inicial presentado por la acusación, y no ajustarlo a la medida para que pueda descartarse la inmunidad.
A finales de diciembre de 2020, la examante de Juan Carlos I relató en su reclamación de daños el acoso que, siempre según su versión, había sufrido directamente del rey emérito o de personas en su nombre, como el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Con la pretensión, según Larsen, de recuperar los casi 65 millones de euros que le había transferido de manera “irrevocable” en 2012, o de reanudar la relación sentimental, la empresaria relata en una extensa demanda las supuestas amenazas, vigilancia electrónica y seguimientos a los que ella y su equipo de asesores se vieron sometidos, así como las numerosas difamaciones que se vertieron contra ella. La consecuencia de todo eso, según su escrito, es una ansiedad y una angustia que han necesitado de tratamiento médico; el deterioro de las relaciones con sus hijos y familiares, y la pérdida de muchos de sus multimillonarios clientes.
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