Se suceden las catástrofes ambientales que arrastran a las sociales y económicas. Ahora se han cebado con varios municipios de la Ribeira Sacra lucense, uno de los ecosistemas de mayor valor conjunto de la comunidad. Las más de 1.500 hectáreas arrasadas en la zona reconocidas ya por la Xunta forman parte de uno de los principales enclaves turísticos -verde y patrimonial- de la Galicia interior. Además, son también un ecosistema vivo: la Cordillera de O Courel forma parte del corredor ecológico del Cantábrico que el oso pardo asturiano utiliza a modo de autovía natural para desplazarse hasta el Macizo Central ourensano.
Los ecologistas llevan tiempo denunciando el incumplimiento por la Xunta de la Ley de Montes autonómica y de la normativa estatal y europea referida a limpieza y recuperación. Y Galicia es uno de los territorios de Europa que más dinero dedica a la lucha contra incendios (el 80%, a extinción). Este 2021 el presupuesto ha sido de 180 millones de euros pese a que el gran fuego de Lugo acabó siendo amansado por la lluvia y pese a la reprimenda del Consello de Contas. El ente fiscalizador de la Xunta, que ya en 2017 criticaba en un informe que el Ejecutivo gallego dedicase más dinero a luchar contra los incendios que al desarrollo forestal. El plan de prevención de incendios (Pladiga) está dotado con casi 30 millones de euros, un 20% del total destinado a la lucha contra el fuego.
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Expertos y asociaciones ambientalistas, consideran infradotada la partida de prevención, que “como se ha demostrado el martes en la aldea de As Laceiras, esta es eficaz y barata”. Lo dice Xosé Santos, vocal de Amigos da Terra en el Consello Forestal de Galicia, el máximo órgano representativo y asesor de la Xunta en el sector forestal. No obstante, el Gobierno de Núñez Feijóo sostiene que apuesta por “una estrategia integral que pasa por la prevención, la disuasión de la actividad incendiaria, persecución, investigación, concienciación social y extinción”. Y destaca además que en 2018 aumentó el tiempo de trabajo del personal fijo-discontinuo lo que “incide directamente en la prevención”.
Los ecologistas muestran el ejemplo del oasis verde que emerge como si nada en la espesura calcinada de la zona; la aldea recuperada por el artesano Fernando Peña, cuidada con esmero, limpia de maleza y rodeada de vegetación autóctona. Ha sido prácticamente la única de las más de 1.500 hectáreas arrasadas en la Ribeira Sacra de Lugo en la que el fuego no consiguió entrar. Se quedó en la puerta.
“Basta con fijar población como se ha evidenciado en este caso; este sí es un modelo de aldea sostenible y un compromiso con el medio rural”, afirma Santos en alusión al anuncio que comenzó a hacer Feijóo el verano pasado, en campaña electoral. El presidente gallego aseguró entonces que había “encontrado la tecla” para reactivar el medio rural. Consistía, explicó, en poner en marcha un concepto de “aldea modelo”, en la que potenciar cultivos ecológicos y ganadería autóctona. “Nada relacionado con potenciar la diversidad de las especies arbóreas pese a que en Galicia el eucalipto ocupa porcentualmente mayor extensión que en Australia”, sostiene Santos a la vista de los datos del Inventario Forestal Nacional.
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La Consejería de Medio Rural asegura que promueve “la multifuncionalidad del monte”. Tanto a través de subvenciones a los titulares de terrenos en los que se priman las especies autóctonas como en planificación.
El plan forestal gallego de 1992, impulsado por la Xunta de Manuel Fraga, preveía que en 2030 habría en Galicia unas 250.000 hectáreas de eucaliptos. La realidad ha pulverizado esa cifra. “Los eucaliptos superan las 500.000 hectáreas”, afirma el vicedecano del Colegio de Ingenieros de Montes de Galicia y exj efe forestal de área de la zona de Lugo, Santos Gabriel Arenas, que cuestiona la rentabilidad de esta especie en Galicia. “El precio del metro cúbico de madera se desploma si hay exceso de oferta”.
Estima que se producen “unos 15 millones de metros cúbicos de eucalipto por año cuando el consumo interno es apenas de cinco millones de metros cúbicos”. Y añade otro dato: “Galicia es la mayor productora de madera de España y solo el 6% del mueble se produce aquí. Y cuando algo es productivo no se deja que se eche a perder”.
Arenas entiende también que falla la prevención, la rehabilitación. Y reclama la participación de los vecinos en la toma de decisiones sobre los montes. Algo lejos de la realidad para los representantes ambientalistas en el Consello Forestal que sostienen que nunca se toman en consideración sus propuestas.
