El entramado de corrupción y contratos irregulares en el gobierno mexicano se intensifica cuando surge el nombre de Uri Ansbacher, un empresario israelí que ha sido investigado por supuestos sobornos a Enrique Peña Nieto. Según investigaciones recientes, se revela que el 31 de julio de 2018, en la recta final de su presidencia, Peña Nieto otorgó un contrato por 4.2 millones de dólares a Ansbacher a través de la Secretaría de Gobernación (Segob). Este contrato estuvo ligado a la venta del infame malware espía Pegasus, un software que ha sido objeto de críticas por sus usos controvertidos en el ámbito de la vigilancia.
Los documentos obtenidos por la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que el contrato fue adjudicado a una entidad conocida como ‘Air Cap SA de CV’, una empresa que expertos califican de “fantasma”. Este tipo de empresa fue diseñada para triangular la venta del software espía y ha estado bajo el escrutinio por haberse beneficiado de asignaciones que suman casi 1,000 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto y el mandato de Alfredo del Mazo en el Estado de México.
El contrato en cuestión no solo ha sido un foco de atención por su origen y el contexto político en el que se otorgó, sino también porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuó realizando pagos por este contrato hasta 2020. Este hecho trae a la luz la continuidad de vínculos cuestionables entre el gobierno y este tipo de empresas, evidenciando cómo arrastran consigo un legado de prácticas corruptas.
Un informe fechado el 28 de abril de 2025 reveló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a ‘Air Cap’ en su lista de contribuyentes que simulan operaciones para evadir impuestos, indicando que carecía de activos, personal y la capacidad material para realizar actividades legítimas. Esto refuerza la imagen de la empresa como un mero instrumento en un esquema de corrupción institucional.
Además, la investigación global conocida como ‘Pegasus Project’ sacó a la luz que ‘Air Cap’ era una de las 18 empresas fachada creadas por Ansbacher en México. Su actividad principal era ofrecer programas de espionaje a diversas dependencias del gobierno, lo que plantea preguntas fundamentales acerca de la supervisión y regulación de estas transacciones en el ámbito de la seguridad nacional.
No solo se detiene ahí; el informe de MCCI también señala que la citada empresa ya había buscado continuar sus operaciones con el gobierno de López Obrador, recibiendo entre 2019 y 2020 al menos cuatro solicitudes de cotización de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, este interés se desvaneció tras las revelaciones de la investigación que vinculó a ‘Air Cap’ con la venta de Pegasus, marcando un giro en la narrativa sobre las relaciones comerciales de la empresa con el estado.
Así se dibuja un cuadro inquietante de corrupción y complicidad que trasciende administraciones, haciendo evidente que la lucha contra la corrupción en México es un reto que requiere no solo voluntad política, sino también un robustecimiento de las estructuras de rendición de cuentas y vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
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