El apoyo inquebrantable de Trump y los republicanos hacia la industria de los combustibles fósiles ha sido evidente y recíproco. Según Rees, la industria de los combustibles fósiles ha invertido cientos de millones de dólares para asegurar la elección de estos políticos, quienes, a su vez, han cumplido casi todas las demandas presentadas por esta industria, además de obtener beneficios adicionales no contemplados en sus solicitudes originales.
Un análisis reciente ha sido realizado por Oil Change International, que evalúa las subvenciones nacionales a los combustibles fósiles. En 2017, se estimó que esta cifra alcanzaba los 20 mil millones de dólares anuales. En la investigación más reciente, los autores examinaron diversas fuentes gubernamentales para calcular el monto de fondos que se destinan anualmente a las industrias del petróleo, gas y carbón.
El concepto de “subvención federal” es un tema controvertido, ya que las agrupaciones ambientales tienden a incluir un espectro más amplio de gastos públicos relacionados con los combustibles fósiles, mientras que las organizaciones conservadoras adoptan una perspectiva más restringida. En su informe, Oil Change International optó por las definiciones de subvenciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio para calcular el financiamiento nacional dirigido a estos sectores.
Rees advierte que la falta de transparencia gubernamental probablemente conduce a un subregistro de estas cifras, indicando que hay aspectos del presupuesto que podrían estar financiando combustibles fósiles de formas distintas y que podrían no haber sido contabilizadas.
Los nuevos subsidios anuales, que ascienden a 4 mil millones de dólares, se derivan en gran parte de las asignaciones del One Big Beautiful Bill Act aprobado recientemente. Uno de los subsidios más destacados es la expansión del crédito fiscal para la captura y almacenamiento de carbono, que, curiosamente, está relacionado con disposiciones de la Ley de Reducción de Inflación, la cual Trump prometió derogar.
La captura y almacenamiento de carbono implica la captura de emisiones de CO₂ y su inyección a grandes profundidades en la tierra. La industria del petróleo y gas ha estado inyectando CO₂ en reservorios subterráneos durante décadas para maximizar la extracción de reservas difíciles. Sin embargo, los ambientalistas argumentan que replicar esta técnica como solución climática es una lógica defectuosa, especialmente porque las empresas podrían recibir créditos fiscales climáticos al inyectar CO₂ que luego se utilizará para producir más combustibles fósiles.
En la Ley de Reducción de Inflación original, se había establecido un diferencial en los créditos fiscales, beneficiando más a aquellos que secuestran CO₂ sin involucrar producción petrolera. No obstante, el One Big Beautiful Bill Act eliminó esta diferencia, permitiendo que los productores se beneficien del crédito completo, independientemente de si utilizan CO₂ para aumentar la producción fósil. Según el análisis, esta expansión de créditos fiscales podría significar más de 1.4 mil millones de dólares en financiamiento público anual dirigido a las compañías de petróleo y gas.
Este panorama de subsidios y beneficios fiscales plantea preguntas importantes sobre las prioridades del gobierno y su relación con las industrias de combustibles fósiles en el contexto de un mundo que enfrenta crecientes desafíos climáticos.
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