A medida que se aproxima el verano de 2025, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta un reto crítico: asegurar el suministro eléctrico en condiciones operativas cada vez más complicadas. Las altas temperaturas han llevado a un aumento en el consumo de energía debido al uso intensivo de aires acondicionados, mientras que los márgenes de reserva en la generación se están estrechando. Esta combinación de factores genera un escenario alarmante en el que los cortes programados se convierten en un riesgo inminente, y los apagones generalizados se asoman en el horizonte.
En este contexto, una herramienta esencial que ha pasado desapercibida en la discusión pública es la Demanda Controlable. Este concepto se refiere a la capacidad de ciertos consumidores, bajo la dirección del CENACE, de reducir su consumo eléctrico. Al involucrar a los usuarios en el proceso, la Demanda Controlable no solo permite que estos participen activamente en el mercado eléctrico, sino que también ayuda a equilibrar la oferta y la demanda. Los usuarios que adopten esta estrategia podrían ofrecer sus reducciones al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), generando beneficios tanto para el sistema como ingresos para ellos mismos.
La reciente Ley del Sector Eléctrico (LESE) establece claramente la función de la Demanda Controlable en la operación del SEN. Aunque este concepto estaba contemplado desde la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, aún falta la regulación específica que permitiría su implementación, lo que ha dejado esta herramienta sin utilizar. En los últimos años, se han dado incidentes donde el consumo ha superado los niveles de reserva, obligando a CENACE a tomar decisiones drásticas, como activar medidas extraordinarias y programar cortes de energía.
Frente a este panorama, algunas autoridades han optado por instar a grandes consumidores, principalmente de la industria pesada, a reducir su consumo en momentos críticos. No obstante, estas solicitudes carecen de una compensación económica adecuada por el impacto que tienen, como las pérdidas de producción, y se realizan de manera informal, generando incertidumbre sobre la obligación de cumplimiento y las posibles repercusiones de no hacerlo.
La posibilidad de incorporar la Demanda Controlable podría ser clave para mantener la continuidad del suministro energético. Esta herramienta permitiría una reducción temporal y voluntaria del consumo, compensando a los usuarios y reduciendo la presión sobre la infraestructura eléctrica. Así, se evitarían cortes abruptos y se establecerían reglas claras para aquellos que deseen participar.
Más allá de la situación inmediata, la Demanda Controlable es esencial para avanzar hacia un sistema eléctrico más flexible, resiliente y sostenible. Su implementación efectiva podría reducir la necesidad de inversiones en generación de respaldo costosas, facilitar la integración de fuentes renovables que exigen mayor flexibilidad operativa y mejorar la eficiencia del sistema, bajando costos para los usuarios.
Si bien la ley ha reconocido desde hace tiempo el valor de la Demanda Controlable, la inminencia de los apagones para el verano de 2025 exige una acción inmediata. Es crucial que las autoridades impulsen la puesta en marcha de estos mecanismos, y que los grandes consumidores comprendan que tienen un rol activo en esta agenda. Esta no es solo una medida para evitar cortes, sino una oportunidad para modernizar el sistema eléctrico.
En un país donde la demanda aumenta y los recursos para generación son escasos, cada kilowatt que se logre no demandar en el momento adecuado cuenta. La Demanda Controlable no es una opción para el futuro; es una necesidad urgente en el presente.
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