La reciente cancelación de registros patronales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones en el empleo formal y la situación de los trabajadores afectados. En mayo de este año, se reportó la pérdida de 29,922 puestos de trabajo, una cifra que ha sido objeto de controversia, ya que no se alinea con las tendencias históricas ni con los ciclos económicos tradicionales.
Jorge Sales Boyoli, socio de la firma legal Sales Boyoli, ha señalado que el fenómeno de la baja estacional no justifica los números desproporcionados de cancelaciones registradas. Este desajuste ha generado serias dudas analíticas sobre la integridad de las cifras oficiales y sugiere que las cancelaciones administrativas podrían ser más significativas de lo que se ha presentado. En este contexto, Sales Boyoli ha instado a las autoridades a ofrecer una mayor transparencia respecto al número exacto de plazas afectadas por estas cancelaciones.
Pero no solo se trata de cifras; el impacto sobre los trabajadores es innegable. La falta de mecanismos de transición que garanticen la continuidad de la cobertura médica y pensionaria a los empleados durante la resolución de las disputas laborales plantea una grave preocupación. El IMSS atribuyó la caída en el empleo formal a la depuración de registros patronales en los que se encontraba un número significativo de personas aseguradas bajo esquemas de simulación, una situación que ha cobrado relevancia tras la reforma de 2021 que prohibió la subcontratación y la tercerización laboral.
Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, ha advertido que la salida de empleadores de los registros del IMSS no necesariamente implica una destrucción de empleos. En su lugar, muchos de estos trabajadores están migrando a la informalidad, como una estrategia para reducir costos y eludir obligaciones fiscales, un traslado que sigue incrementando la informalidad laboral en el país. Según se indica, actualmente hay más de 33 millones de trabajadores en condiciones de informalidad, un fenómeno que crece de manera más acelerada que el empleo formal.
Este escenario refleja el delicado equilibrio entre la regulación laboral y la realidad económica de muchas micro y pequeñas empresas en México. En el camino hacia la formalización, es fundamental que se establezcan mecanismos que no solo combatan la simulación laboral, sino que también protejan los derechos y oportunidades de todos los trabajadores. La situación actual demanda una revisión profunda y una estrategia que contemple las necesidades tanto de los empleadores como de sus empleados.
La problemática, que continua evolucionando, merece atención inmediata y soluciones que promuevan un entorno laboral donde la formalidad y la seguridad social vayan de la mano, no solo para proteger a los trabajadores, sino también para contribuir a un crecimiento económico sostenible en el país.
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