En el contexto del Paquete Económico 2027, la propuesta fiscal relacionada con el control de productos de tabaco y nicotina ha cobrado relevancia. Este enfoque busca no solo fortalecer los mecanismos de control fiscal, sino también combatir el contrabando y prevenir el crecimiento del mercado ilegal. Con base en los estándares internacionales establecidos por el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se hace evidente la necesidad de una administración imparcial e independiente de los códigos de seguridad de la industria tabacalera.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, destaca que la ampliación de estos códigos a otros productos con nicotina representa un avance significativo. Sin embargo, subraya que México tiene la oportunidad de establecer un verdadero sistema de trazabilidad que garantice el seguimiento de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde su producción hasta su destino final. Para lograr esto, es crucial aprovechar la infraestructura existente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y desarrollar un sistema que conecte a las autoridades fiscales, aduaneras y sanitarias bajo un control estatal, alejado de intereses de la industria tabacalera.
La discusión en torno a la Ley de Ingresos 2027 podría ser el inicio de una política nacional de trazabilidad. Sin embargo, Ochoa advierte que no debería limitarse a medidas fiscales que se renuevan anualmente. La creación de una base jurídica permanente para la trazabilidad y la incorporación a dicho protocolo de la OMS son esenciales, dado que combatir el comercio ilícito trasciende la recaudación fiscal y se enmarca en una política de salud pública. Los impuestos y la fiscalización son herramientas, pero el foco debe ser la protección de la salud de la población.
Adriana Rocha, de Polithink, enfatiza que la vigilancia del sector no debe dejarse en manos de la industria tabacalera. Si el objetivo es combatir el contrabando y proteger la recaudación, es fundamental que las empresas sean sometidas a un control riguroso. La OMS es clara en este aspecto; la trazabilidad debe ser gestionada por el Estado, garantizando así un sistema verdaderamente independiente.
Por su parte, Jorge Macías, director del Instituto del Sur Urbano, subraya que la iniciativa relacionada con la Ley de Ingresos 2027 incluye la obligación de contar con un sistema de trazabilidad, pero carece de los recursos necesarios para su implementación. Esta situación destaca la importancia de incluir productos de nicotina en un esquema de derechos que permita asegurar la generación de códigos y las actividades de supervisión necesarias. Los fondos recaudados deberían destinarse exclusivamente a fortalecer las capacidades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y otras autoridades estatales.
La lucha contra el comercio ilícito también se apoya en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que establece compromisos internacionales para afrontar este problema. Hasta la fecha de esta publicación, México todavía no forma parte de este tratado, lo que plantea un desafío adicional en la creación de mecanismos de trazabilidad y control.
Finalmente, Macías refuta el argumento de la industria tabacalera de que una mayor carga tributaria podría estimular el comercio ilícito. Sostiene que la reducción de recursos destinados al control y el debilitamiento de las capacidades institucionales son, de hecho, los principales catalizadores de la proliferación de productos ilícitos. El cobro de derechos asociado a los códigos de seguridad, combinado con medidas efectivas de trazabilidad, representa una herramienta crucial para prevenir la desviación de productos hacia el mercado ilegal y fortalecer la salud pública.
Este análisis subraya que, si bien el camino hacia un control eficaz de los productos de tabaco y nicotina es desafiante, las oportunidades para implementar un sistema sólido y transparente están sobre la mesa.
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