Pocos días después de acabar la cumbre climática COP26, la Comisión Europea ha lanzado a su rebufo varias medidas legales que buscan impulsar las políticas medioambientales. La más ambiciosa de ellas es la regulación contra la deforestación, que entre 190 y 2020 ha engullido 178 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie que triplica la de Francia.
La norma pretende cerrar el paso al mercado único a los siete productos que más impacto están teniendo en este proceso de degradación (soja, cacao, café, aceite de palma, carne de vaca y madera, y sus derivados) si no se demuestra que cumplen con los requisitos que define el mismo texto: no proceden de suelo deforestado después del 20 de diciembre de 2020 y cumplen las exigencias legales de los países origen. Las otras dos consisten en una regulación sobre el transporte de residuos y el plan sobre la conservación del suelo hasta 2030.
Las tres propuestas que ha puesto sobre la mesa la Comisión este miércoles cuelgan de la estrategia medioambiental de la UE para el quinquenio 19-24, el llamado European Green Deal. Esta es, probablemente, la principal apuesta del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, con permiso de la recuperación económica tras el mazazo del coronavirus a la actividad y tiene un gran objetivo: reducir un 55% en 2030 las emisiones de gases con efecto invernadero. “Nuestra regulación responde a la llamada de los ciudadanos a minimizar la contribución europea a la desforestación y busca promover el consumo sostenible”, ha señalado Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión encargado de coordinar esta estrategia. “Debemos dejar de exportar polución”, ha completado el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius.
Las propuestas de la Comisión todavía no entran en vigor, ya que ahora deben pasar por la Eurocámara y el Consejo Europeo, antes de convertirse en un texto legal definitivo. Las dos primeras son regulaciones, lo que supone que una vez tengan el visto bueno de las dos instituciones que se encargan de legislar no deberán trasponerse en los Estados miembros, algo que sí sucede con las directivas, lo que suele dar margen a la interpretación nacional.
Para seleccionar estas materias primas, la Comisión señala genéricamente en los documentos divulgados tras la reunión del Colegio de Comisarios que se ha basado en investigaciones científicas y recopilación de datos. No obstante, esta lista no es definitiva ni se cerraría definitivamente si la propuesta sale adelante, ya que contempla una primera revisión después de los primeros cinco años de entrar en vigor y posteriormente revisiones cada tres años. Así lo ha argumentado el comisario Sinkevičius cuando se le ha preguntado por qué no se incluyen otros productos como el caucho. También ha señalado que la lista inicial incluye a derivados de estas materias primas como el cuero o los muebles.
La Unión Europea exigirá a los importadores que acrediten que estos productos no proceden de ningún territorio deforestado después del 31 de diciembre de 2020, cumplen con las normas legales del país productor y tienen una auditoría en la que se detallan cuestiones como las coordinadas del área de origen, lo que permite rastrear si es cierto lo que se alega.
A la hora de valorar lo aprobado en Bruselas, las organizaciones ecologistas dan una de cal y otra de arena. Destacan que “la Comisión Europea se ha convertido en el primer regulador importante del mundo en dar este paso”, apunta FERN, organización dedicada a la defensa de los bosques, “pero su propuesta todavía tiene importantes lagunas. En particular, se basa en las leyes de los países productores para determinar si los bienes están vinculados a violaciones de los derechos humanos, como la apropiación de tierras. En un país como Brasil, esto significaría depender del gobierno de Bolsonaro para proteger los derechos indígenas, algo que no logra”.
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