La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha hecho un urgente llamado al Senado para que modifique la minuta de la Ley Aduanera, enfatizando la necesidad de concentrar las acciones en quienes realizan fraudes, en lugar de afectar a los que operan dentro del marco legal. Este organismo empresarial subraya que la Reforma debe enfocarse en erradicar la ilegalidad sin comprometer la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las grandes corporaciones, buscando un equilibrio entre la legalidad y la competitividad.
La preocupación de Coparmex gira en torno al impacto de las sanciones que podrían alcanzar hasta el 300%, las cuales pondrían en serio riesgo la existencia de muchas pequeñas y medianas empresas. La organización destaca la imperiosa necesidad de establecer plazos transitorios para facilitar el cumplimiento de distintos trámites aduaneros.
El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, ha expresado que, aunque reconocen los esfuerzos de la Cámara de Diputados y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para crear un marco regulatorio más eficiente, es crucial que el Senado realice modificaciones que aseguren una implementación equitativa de la ley, evitando que las empresas formales sean las más perjudicadas, por lo que se requiere que se consideren ajustes técnicos adicionales.
En particular, se señala el artículo 59, que propone la creación de un expediente electrónico único. Aunque esta medida es apreciada positivamente, la Coparmex advierte que su puesta en marcha exige un considerable periodo de adaptación. Proponen que su vigencia no se inicie sino hasta 12 meses después de la publicación de la reforma, de modo que las empresas tengan tiempo para adecuar sus sistemas y capacitar a su personal. Alargar el plazo facilitaría un proceso de transición suave y confiable, evitando sanciones por fallas técnicas inevitables.
Asimismo, respecto al artículo 89, se insiste en mantener la oportunidad de rectificar información antes de que esta ingrese al Mecanismo de Selección Automatizado (MSA). Restringir esta opción sería comparable a negarles a los contribuyentes la posibilidad de corregir sus declaraciones ante el SAT. La capacidad de rectificación no solo promueve la transparencia, sino que también diferenciaría entre los errores cometidos de buena fe y los intentos de fraude, lo que permitiría direccionar los esfuerzos de fiscalización hacia aquellos casos que realmente implican un riesgo.
La información presentada refleja la postura de la Coparmex en un contexto legislativo que busca encontrar un balance entre la regulación efectiva y el apoyo al sector productivo, esencial para la economía de México, donde las MiPyMEs representan más del 70% del empleo formal. La urgencia en la implementación de cambios razonables es evidente en la mirada crítica de los empresarios hacia una ley que, si no se ajusta, podría tener consecuencias adversas.
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