La colaboración entre México y Argentina para producir y envasar la vacuna de AstraZeneca comenzará a concretarse este fin de semana con el primer reparto de 1,6 millones de dosis entre los dos países. Los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández han anunciado este martes el envío de los viales después de casi tres meses de retraso sobre el calendario previsto, pero han celebrado este paso como un hito diplomático. “El fin de semana México recibirá 800.000 y Argentina las otras 800.000, mitad y mitad, porque así se convino en agosto de 2020”, ha adelantado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. En Argentina, una dirigente opositora desató una tormenta al afirmar que el Gobierno no compró vacunas a Pfizer porque la farmacéutica se negó a pagar sobornos. Un comunicado de Pfizer rechazó la acusación de forma tajante.
López Obrador y Fernández, que ha intervenido por videoconferencia en la comparecencia matutina de su homólogo mexicano coincidiendo con la conmemoración del comienzo del proceso de independencia del 25 de mayo de 1810, llevan casi un año tratando de fortalecer su alianza, que ya tiene una base ideológica común, con el eje en la gestión de las vacunas contra la covid-19. El proyecto empezó a fraguarse en agosto de 2020 gracias a un acuerdo, respaldado por la Fundación Carlos Slim, para la distribución del remedio de Oxford-AstraZeneca en América Latina. El objetivo consiste en alcanzar 250 millones de dosis, cuyo principio activo fabrica en Argentina la compañía biotecnológica mAbxience, del empresario Hugo Sigman, y se envasa en una planta de los laboratorios Liomont en México.
Los dos países tenían previsto que estas vacunas comenzaran a repartirse en la región el pasado mes de marzo, aunque finalmente, al igual que las campañas de inmunización en toda la región, el plan se retrasó. Fernández viajó en febrero a México para acelerar esa estrategia, que tiene una importante premisa política. “Todo el tiempo hemos abogado tanto Argentina como México por un acceso equitativo y universal a las vacunas”, ha afirmado Ebrard. El Ejecutivo de López Obrador, con una plaza provisional en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lideró a principios de año una protesta ante la ONU por el acaparamiento de los fármacos por parte de los países más desarrollados.
Sin embargo, el Gobierno argentino también ha tenido que lidiar con una lenta campaña de inmunización, que ha avanzado entre dificultades con la administración de la rusa Sputnik V y la china Sinopharm. Para afinar la distribución de las dosis envasadas en México, Fernández envió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini. El primer lote de AstraZeneca, de 800.000 viales, se suma al recibido el lunes de Estados Unidos, de 843.000. Aún se está lejos de los aproximadamente ocho millones que hacen falta para inocular con dos dosis a todos los argentinos mayores de 60 años, unos 7,4 millones de personas.
A la escasez de vacunas, menos inquietante tras los envíos previstos esta semana, se suma un agrio debate en torno al medicamento producido por Pfizer. Argentina efectuó en su momento una de las grandes pruebas clínicas de la vacuna de Pfizer tras su desarrollo y antes de su comercialización, lo que le permitía gozar de prioridad para la compra. Pero el Gobierno de Alberto Fernández desestimó la opción. El medicamento de Pfizer demostró ser uno de los más eficaces y Alberto Fernández nunca explicó de forma convincente por qué se decidió prescindir de él.
En su momento, portavoces gubernamentales ofrecieron argumentos bastante excéntricos, como que Pfizer exigía como aval de pago garantías que incluían bases militares o glaciares. También se habló de un precio excesivo (en torno a 20 dólares por dosis) y de una renuncia expresa a presentar demandas, algo que aplican todos los fabricantes. El principal escollo consistió, al parecer, en una resolución parlamentaria (aprobada con votos oficialistas y opositores) según la cual Argentina no aceptaría condiciones de indemnidad para Pfizer en caso de “maniobras fraudulentas, conducta maliciosa o negligencia”.
Patricia Bullrich, que ocupó tres ministerios (Trabajo, Seguridad Social y Seguridad) bajo la presidencia de Mauricio Macri y ahora preside Propuesta Republicana, el partido macrista, lanzó el lunes una gravísima acusación pública contra el Gobierno de Fernández. Dijo que Argentina y Pfizer no habían llegado a un acuerdo porque el entonces ministro de Sanidad, Ginés González García, había pedido sobornos.
Luego matizó y explicó que González García (cesado en febrero por el escándalo de las vacunaciones preferentes a personas vinculadas al peronismo) había pedido a Pfizer que se asociara con algún intermediario argentino “como Cristóbal López o Lázaro Báez”, ambos implicados en casos de corrupción kirchnerista. De una u otra forma, Bullrich, antigua dirigente del grupo guerrillero Montoneros bajo el pseudónimo de Carolina Serrano, acusó al Gobierno de intentar obtener provecho económico encubierto.
Pfizer desmintió de forma inmediata que hubieran surgido cuestiones de este tipo durante la negociación. El presidente Alberto Fernández y el exministro Ginés González García anunciaron “las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación”. Pero Bullrich insiste en sus acusaciones, jaleada por sus fieles, y asegura que cualquier investigación sobre los hechos acabará dándole la razón. Entretanto, el gobierno de Buenos Aires y Pfizer mantienen nuevos contactos para posibles futuras compras, aunque la citada resolución parlamentaria sigue siendo un obstáculo.
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