Los proyectos de infraestructura considerados prioritarios durante el sexenio anterior han revelado efectos laborales más débiles de lo esperado. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) pone de relieve que, a pesar de su intención de fomentar el empleo y la actividad económica, el impacto en diversas áreas ha sido moderado, poniendo de manifiesto la complejidad de la relación entre inversión en infraestructura y creación de empleo.
La investigación del CIEP sostiene que el gasto en infraestructura pública puede aportar beneficios significativos al empleo, tanto de manera directa durante las fases de planeación, construcción y operación, como de forma indirecta en sectores complementarios. Aquí, la construcción puede generar una movilización intensa de mano de obra a corto plazo, y provocar efectos multiplicadores en el mediano plazo en áreas como servicios, comercio, logística y transporte, a medida que se incrementa la conectividad, la productividad y la demanda local.
Sin embargo, el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos destacados, mostró un aumento general en la población ocupada del 11.2%, mientras que el empleo en el sector de la construcción creció apenas un 2.6%. Este dato sugiere posibles demoras en la ejecución o una menor intensidad en las obras públicas.
Por otro lado, la ampliación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) entre 2022 y 2024 presentó un panorama preocupante, con una caída del 83.2% en la ocupación en el sector de la construcción y una disminución total del 86.1% en el ámbito laboral. Este declive podría atribuirse a que la obra está en manos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), lo que ha llevado a una escasa creación de nuevos empleos.
Para realizar este análisis, se seleccionaron nueve estados en relación con las inversiones de cinco proyectos prioritarios. El estudio comparó la población ocupada promedio entre 2018 y 2024, revelando cambios porcentuales que evidencian la evolución de la ocupación durante este periodo.
Desde 2018 hasta el año pasado, el gobierno mexicano que lideró Andrés Manuel López Obrador desembolsó aproximadamente 1.7 billones de pesos en estos proyectos. Junto al Corredor Interoceánico y la ampliación del AIFA, el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca y la Refinería Dos Bocas fueron también parte de este esfuerzo de infraestructura.
El análisis muestra que la inversión en regiones con bajo dinamismo económico, principalmente en el sureste del país, ha logrado generar un aumento notable en el empleo, sugiriendo que la infraestructura puede ser un motor de desarrollo económico en tales áreas. No obstante, en regiones altamente urbanizadas o donde la ejecución está bajo mando militar, como en el caso del AIFA, se vuelven más difíciles de rastrear los efectos laborales, posiblemente debido a problemas de subregistro o a la influencia de múltiples factores económicos.
De acuerdo con el CIEP, el Tren Maya ha tenido el impacto más significativo en términos de empleo, con un crecimiento del 43.6% en su sector de construcción y un aumento del 15.9% en la población ocupada. Por su parte, la Refinería Dos Bocas mostró una ligera caída del 2% en la ocupación de la construcción pero un incremento del 11.6% en el total de la población ocupada. El Tren Interurbano México-Toluca mostró un ligero crecimiento del 2.0% en construcción y un notable aumento del 21.9% en servicios, lo que indica un impacto indirecto positivo en esta actividad.
Los datos revelados por el CIEP dan un panorama detallado de los efectos laborales generados por estos ambiciosos proyectos, resaltando la importancia de alinear la inversión en infraestructura con las necesidades económicas de las regiones y así maximizar el impacto en el empleo.
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