Un gran grupo maderero europeo ha convertido de manera irregular más de una docena de sus permisos de tala en la República Democrática del Congo (RDC) en las llamadas concesiones de conservación. Después de extraer la madera tropical más valiosa de 15 de ellas –que cubren un área del tamaño de Bélgica—, el grupo de propiedad portuguesa Norsudtimber prevé ahora invertir en proyectos de venta de créditos de carbono en las antiguas zonas de explotación.
Hasta la fecha, las concesiones de conservación de la naturaleza en RDC se han usado básicamente para hacer proyectos de venta de créditos de carbono. La RDC subcontrata la gestión de algunas de sus áreas protegidas a ONG como WWF, pero son áreas públicas, mientras que una concesión es un terreno que el estado cede a una empresa privada o un particular durante un periodo de tiempo para que este le saque un rendimiento económico.
Desde finales de 2020, la RDC ha asignado 24 nuevas concesiones de conservación de la naturaleza en la segunda mayor selva del planeta en un gesto estimulado por el interés de los inversores en los mercados de carbono. Es decir: individuos y empresas, como las aerolíneas, pueden compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero invirtiendo en iniciativas que absorben ese CO₂ en otras partes del planeta. Esto se hace comprando y vendiendo los llamados “créditos de carbono” en mercados internacionales. En teoría, ello permite a iniciativas privadas ganar dinero protegiendo bosques –como los congoleños– mediante un tipo de proyectos de carbono conocido como REDD+ (Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y Degradación de bosques).
Una investigación realizada por Columna Digital/Planeta Futuro ha obtenido documentos no publicados que demuestran que, en diciembre de 2020, el ministro de Medio Ambiente saliente, Claude Nyamugabo, firmó contratos por los que se transferían millones de hectáreas de concesiones de las filiales madereras de Norsudtimber (Sodefor y Forabola) a Kongo Forest Based Solutions (KFBS). Esta última es otra subsidiaria del mismo grupo empresarial creada para gestionar sus operaciones de comercio de carbono.
Las concesiones se reasignaron fuera de la luz pública y sin involucrar a las poblaciones locales. Varias de ellas se solapan con una zona protegida y con las tierras ancestrales de los pueblos bambuti, bacwa y batwa, y casi un tercio de la superficie son turberas, un tipo de humedales vitales para el clima y para el desarrollo de los pueblos que allí habitan.
Como arrendatarias de concesiones de conservación, entidades como KFBS deben velar por valiosos ecosistemas y proteger el bienestar de las comunidades que dependen de los bosques para sobrevivir. Las selvas de la RDC albergan especies en peligro de extinción tales como pangolines –los animales más traficados del mundo–, chimpancés y okapis. También regulan la temperatura y los patrones de lluvia de toda la región, y sus árboles almacenan un tercio más de carbono por hectárea que la Amazonía.
Pero los contratos de arrendamiento de KFBS, con duraciones de entre 30 y 44 años, desafían la legislación congoleña, que exige presentar los planes financieros y técnicos en una reunión conjunta con funcionarios y comunidades. El objetivo es que todos ellos tengan la misma información y puedan evaluar si el proyecto cumple los requisitos de cada una de las partes. “El ministro apañó el trato”, afirma un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente en Kinshasa, que habla bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Nyamugabo sabía que perdería su puesto en una remodelación del gabinete, y quería comer lo máximo posible antes de perder la silla”.
El exministro está acusado de haber asignado 4,4 millones de hectáreas adicionales en el norte y el oeste del país en 2020, violando las leyes de la RDC. Ello incluye nueve concesiones de conservación.
- 16 a 18 de diciembre de 2020. El ministro Claude Nyamugabo otorga 15 concesiones de conservación a KFBS
- 27 de marzo de 2021. Sodefor y KFBS informan a la provincia de Tshopo sobre el nuevo título de conservación en la zona
- 12 de abril de 2021. Éve Bazaïba es nombrada viceprimera ministra de Medio Ambiente
- 1 de mayo de 2021. Sodefor notifica la nueva concesión a las comunidades en Isangi, Tshopo
- Octubre de 2021. Los juristas piden suspender otros 22 títulos firmados por Nyamugabo, nueve de ellos de conservación
- 31 de octubre a 13 de noviembre de 2021. Cumbre del Clima de la ONU (COP26)
- 2 de noviembre de 2021. CAFI firma un acuerdo de 10 años con la RDC
- 1 de enero de 2022. La RDC incumple la primera meta del acuerdo con CAFI
- Mediados de abril de 2022. Fecha límite para la revisión de los títulos madereros financiada por la UE
Norsudtimber está controlada por los hermanos portugueses Alberto Pedro y José Albano Maia Trindade, que dirigen tanto sus actividades madereras como las de carbono. Alberto Pedro representa a las empresas de tala industrial Sodefor y Forabola, mientras que José Albano representa a KFBS, que se encarga de los nuevos proyectos para la venta de créditos de carbono.
Global Witness, que es una de las principales ONGs de investigación ambiental del mundo, alegó en 2018 que el grupo Norsudtimber infringía el Código Forestal de la RDC en el 90% de sus concesiones. Norsudtimber negó toda irregularidad.
Hechos consumados
La legislación congoleña exige que las entidades interesadas en concesiones de conservación involucren de manera formal a todas las partes antes de firmar los contratos. Pero en ese caso, las autoridades provinciales solo recibieron una carta de cortesía en la que se les informaba de la conversión meses después de que esta se hubiera producido.
Este periódico obtuvo una de las cartas, recibida por las autoridades medioambientales de la provincia de Tshopo en abril de 2021. Fue enviada el 27 de marzo, cuando el ministro Nyamugabo aún estaba en el cargo. “Tenemos el honor de informarle de que Sodefor ha transferido recientemente su concesión forestal 59/14 […] a KFBS. Ahora es una concesión de conservación”, señala la empresa. KFBS pide entonces el apoyo de la provincia para que el proyecto pueda avanzar “de forma participativa”.
La RDC es uno de los países más opacos del mundo en cuanto a transparencia financiera, y es fácil sacar partido de sus lagunas regulatorias. El decreto de 2011 sobre la atribución de concesiones de conservación, por ejemplo, no menciona de manera explícita la conversión de títulos de explotación forestal existentes.
Pocos conocen los recovecos de las leyes verdes de la RDC mejor que Augustin Mpoyi, un congoleño de voz suave que compagina sus funciones como uno de los principales juristas medioambientales del país y uno de sus activistas más implacables.
Como abogado, ha trabajado en leyes históricas como el Código Forestal de 2002 y una nueva política de planificación territorial. Como fundador de la ONG Codelt, fue el primero en llevar a un ministro de Medio Ambiente ante la Justicia por abusos de poder en RDC, y ha pedido al Gobierno que suspenda decenas de concesiones que, según los expertos, son ilegales. El Ejecutivo ya se ha comprometido a cancelar seis de ellas, todas de conservación.
Las concesiones de conservación son un asunto de interés público que requiere el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, así como la participación de las Administraciones provinciales desde las mismas fases de planificación, aclara Mpoyi. “Todo debe hacerse con la máxima transparencia, y ni siquiera un ministro puede burlar los procedimientos establecidos por la ley”, afirma. “De modo que sí; la creación de esas 15 concesiones [de KFBS] es muy, muy, muy problemática”.
A por las firmas
Se supone que las comunidades dependientes de las selvas están en el centro de REDD+, un mecanismo de las Naciones Unidas que busca combatir el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de CO₂ producidas por la deforestación y la degradación de los bosques ofreciendo alternativas a prácticas habituales como la agricultura de tala y quema.
Pero los habitantes de Isangi –un exuberante territorio del norte de la RDC con leopardos y pangolines terrestres gigantes– fueron informados de todo lo que se iba a acometer en sus tierras, por primera vez, cinco meses después de la firma del contrato.
En diciembre de 2021, los representantes de la empresa entregaron pizarras y materiales para tejados a las comunidades como compensación final por la actividad maderera. Luego, los jefes locales firmaron un nuevo acuerdo que la empresa necesita para emitir créditos de carbono. Entre los asistentes a la reunión se encontraban el administrador del territorio y el coordinador de Medio Ambiente de la provincia.
En el documento, KFBS se compromete a pagar 3.100 euros mensuales a cada una de las comunidades y el 8% de las futuras ventas de carbono, así como a mantenerlas informadas de las fluctuaciones del precio de los créditos de carbono.
Perez Bolengelaka estuvo en la reunión como representante de la sociedad civil de Isangi. Según explica, KFBS no habló sobre los planes financieros y técnicos, ni explicó las actividades del proyecto más allá de referencias generales a la conservación de la naturaleza. Tampoco describió qué opciones ofrecerían a las personas que dependen de la agricultura itinerante y la tala artesanal. “Examinar bien toda esta información y celebrar una consulta adecuada habría llevado días, pero la reunión fue directamente a por las firmas”, declara Bolengelaka. “Es una pena. Se podría haber forjado una auténtica colaboración”.
Una selva tropical en juego
La selva del Congo es diferente a cualquier otra. Es más impenetrable, más prístina y un sumidero de carbono más potente que sus homólogas del Sureste Asiático y América Latina. Hace poco, los científicos confirmaron que la cuenca del Congo tiene las mayores turberas tropicales del mundo, un tipo de humedal boscoso que encierra miles de toneladas de carbono en el suelo, acumuladas durante miles de años como materia orgánica semi descompuesta.
Casi un tercio de las concesiones de KFBS están en turberas, y varias de ellas se solapan con un área protegida en Oshwe, en la provincia de Maï-Ndombe, en el suroeste de la RDC.
Dos de los títulos en Oshwe pertenecían a la compañía hermana de KFBS, Sodefor, hasta que el ministro Nyamugabo los adjudicó a la empresa congoleña Groupe Services como concesiones madereras en junio de 2020. En octubre de 2021, los juristas congoleños solicitaron formalmente al Consejo de Ministros la anulación de esos contratos por violar la moratoria de asignación de nuevas concesiones de tala industrial. Lo que no sabían es que Nyamugabo ya las había reasignado nueve meses antes. Volvían a estar en manos de Norsudtimber, ahora en forma de títulos de conservación.
Uno de esos juristas es Augustin Mpoyi. Al enterarse, sacude la cabeza con incredulidad. “No es posible… Esto es un escándalo”.
Jeff Mapilanga, del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN), afirma que las zonas protegidas no deberían solaparse con las concesiones privadas, incluidas las de conservación. “Oímos hablar de estas concesiones por primera vez antes de la Cumbre del Clima de la ONU en Glasgow”, dice.
Historial controvertido
El acuerdo de Norsudtimber es el último de una serie de contratos polémicos firmados por Nyamugabo, protegido del expresidente de la RDC, Joseph Kabila. Este último se enfrenta ahora a acusaciones de haber malversado 123 millones de euros.
En 2021, la sociedad civil congoleña emprendió acciones legales contra el exministro de Medio Ambiente, algo inédito en la historia del país. Las ONG, lideradas por Codelt, acusaron a Nyamugabo de asignar ilegalmente una superficie de bosque del tamaño de Dinamarca. En este contexto, el Gobierno admitió “la ilegalidad de muchos contratos” en un Consejo de Ministros celebrado solo dos semanas antes de la Cumbre del Clima COP26, en octubre. Ello incluía seis concesiones de conservación otorgadas a Tradelink, una empresa fundada por inversores belgas e italianos dedicados a la explotación forestal y minera.
En la cumbre climática, la Unión Europea y el Reino Unido prometieron 1.300 millones de euros para proteger los bosques de la cuenca del Congo, mientras que la Iniciativa Forestal de África Central (CAFI) anunció un acuerdo de diez años, con una aportación 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros) durante los primeros cinco años. La CAFI está financiada por Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Corea del Sur y la UE.
La iniciativa CAFI está ayudando a la RDC a cumplir los requisitos para levantar la moratoria sobre nuevas concesiones de tala industrial. La medida se instauró hace 20 años para evitar el saqueo de los bosques ecuatoriales tras la Segunda Guerra del Congo, que acabó de forma oficial en 2003. Más de 40 ONG medioambientales internacionales encabezadas por Greenpeace y UK Greenforest Foundation sostienen que el país no está preparado para poner fin a la prohibición.
“La verdad es que mantener bajo control una concesión maderera es más fácil que controlar un bosque abierto a todo tipo de actividades informales, incluida la tala no regulada que realizan las comunidades locales e incluso grupos organizados”, señala François Busson, experto en recursos naturales con experiencia en la Comisión de Bosques de África Central. Por lo menos, dice, siempre y cuando las nuevas concesiones se ciñan a la legalidad.
“No es de interés público”
Planeta Futuro presentó los hallazgos de la investigación a los titulares de las concesiones. En una respuesta por correo electrónico, KFBS dijo: “Sus descripciones de los hechos, que no comentamos explícitamente, deben entenderse como irrelevantes para nosotros y no merecen una [respuesta] por nuestra parte”.
KFBS argumenta que el Ministerio de Medio Ambiente liderado por Nyamugabo había considerado que las concesiones de conservación eran fruto de una transferencia entre filiales de un mismo grupo empresarial, en lugar de nuevas atribuciones. También subraya haber seguido las directrices de las autoridades en aquel momento, aunque declinó aportar pruebas que apoyaran sus declaraciones. “Nuestro grupo no tiene intención de proporcionar información que no sea de interés público o que no deba ser divulgada por ley o por decisión de la Justicia”.
Sin embargo, el jurista Augustin Mpoyi indica que, si una empresa quiere cambiar el uso de una concesión maderera, debe devolverla primero al Estado. Luego, este puede reatribuirla como concesión de conservación, pero siguiendo el proceso de consulta pública descrito en la ley.
Nyamugabo no respondió a las peticiones de comentario de este medio enviadas por correo electrónico.
Auditorías no publicadas
Diez días antes de la Cumbre del Clima COP26, en la que la RDC se presentó como un “país de soluciones”, el presidente Félix Tshisekedi pidió una auditoría de las concesiones forestales de la RDC y la suspensión de todos los “contratos cuestionables”.
El primer requisito del acuerdo de 446 millones de euros con CAFI era la publicación, antes de finales de 2021, de una auditoría realizada el año anterior por la Inspección General de Finanzas (IGF) del país. El análisis se centró en todas las concesiones adjudicadas o transferidas desde julio de 2014. Los resultados todavía no se han publicado.
“Esto hace dudar de la voluntad real de la Administración Forestal de facilitar la revisión, a pesar de estar oficialmente comprometida con… [el acuerdo con CAFI] y ser su principal beneficiaria”, dice este informe del pasado junio.
El Gobierno acabó firmando el permiso dos meses después de que el jefe de la delegación de la UE en la RDC lo solicitara. Y este es solo uno de los varios obstáculos que han frenado de forma activa la revisión, retrasando su fecha de entrega nueve meses, hasta abril de 2022.
Se lleva hablando de este análisis desde 2017, pero la dificultad para acceder incluso a las informaciones más básicas sobre las concesiones forestales significa que las conclusiones sobre su legalidad siguen siendo esquivas.
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