Un tribunal de apelaciones federal ha dictaminado que el expresidente Donald Trump no tiene la autoridad para construir un lujoso salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, emitida el viernes, fue el resultado de una demanda presentada por defensores de la preservación histórica que buscaban detener la construcción de un proyecto de 90,000 pies cuadrados en el sitio donde se encontraba el antiguo ala este de la Casa Blanca, demolida el otoño pasado.
El fallo representa un nuevo revés legal para los planes de construcción del expresidente, después de que una evaluación del Servicio Nacional de Parques concluyó que un arco triumphal propuesto podría comprometer la integridad histórica de áreas adyacentes, incluyendo el alineamiento simbólico entre el Monumento a Lincoln y la Casa Arlington.
La corte, en una decisión de 2-1, respaldó a un tribunal inferior que determinó que la Casa Blanca carecía “muy probablemente” de la autoridad necesaria para avanzar con el proyecto del salón de baile. En su opinión, los jueces subrayaron que el Congreso tiene “el control constitucional total sobre la propiedad federal y la financiación de su mantenimiento y desarrollo”, citando la “ausencia de cualquier autorización expresa o implícita”.
En un contexto donde el expresidente se ha caracterizado por tomar decisiones audaces, el tribunal enfatizó que cada presidente es un “inquilino temporal” de la Casa Blanca, sin autoridad inherente sobre la propiedad, que está destinada a ser utilizada por todos los presidentes y el pueblo estadounidense.
Face a esta decisión, Trump anunció en una publicación en redes sociales que apelará al Tribunal Supremo de EE. UU., calificando la decisión de “horrenda” y “políticamente motivada”. Afirmó que esto ponía en riesgo la vida y el bienestar de quienes trabajan en la Casa Blanca, insistiendo en que el salón forma parte de un proyecto mayor que incluye medidas de seguridad como refugios antibombas y techos a prueba de drones.
El tribunal ha interrumpido su fallo durante dos semanas, otorgando tiempo a la administración para presentar una apelación. A pesar de este revés, se ha permitido continuar con la construcción de un búnker presidencial, lo que indica que la administración tiene ciertas áreas en las que aún puede proceder.
Brent Leggs, presidente y CEO del National Trust for Historic Preservation, se mostró complacido con el fallo. En su declaración, destacó la relevancia de esta decisión en el contexto de las celebraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, abogando por una mayor protección de los monumentos históricos.
Además, el juez de distrito Richard Leon había rechazado enérgicamente los argumentos de la administración Trump en un fallo previo, subrayando que no hay ninguna ley que respalde la autoridad que el expresidente reivindica.
Esta serie de decisiones subraya la importancia de la supervisión del Congreso en la gestión de propiedades federales y plantea preguntas sobre el futuro de las ambiciones arquitectónicas y de seguridad en la emblemática residencia del presidente.
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