La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha revocado la condena que obligaba a Argentina a pagar más de 16,000 millones de dólares al fondo Burford Capital, tras una controversia relacionada con la expropiación de YPF en 2012. Este fallo, emitido recientemente, representa un cambio drástico en un caso que se remonta a 2015, cuando se iniciaron las reclamaciones contra el país sudamericano. El tribunal dictaminó que las solicitudes de los demandantes no se alinean con el derecho argentino y que no existe un vínculo contractual directo entre el Estado y los accionistas minoritarios.
El contexto de este intrincado litigio se remonta a la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, que marcó una ola de privatización en Argentina. Entre las empresas privatizadas estaba YPF, que en 1993 fue vendida a la española Repsol. Un aspecto crucial del acuerdo fue una cláusula que exigía a cualquier nuevo controlador de la empresa lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, una medida destinada a proteger a los accionistas minoritarios.
El giro en este caso ocurrió el 16 de abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner tomó control del 51% de las acciones de YPF, que pertenecían a Repsol. Sin embargo, al no respetar la obligación de lanzar una OPA, se generaron complicaciones. Petersen Energía y Eton Park Capital, dos de los accionistas afectados, no recibieron la oferta adecuada, lo que llevó a una serie de quiebras y eventual litigio internacional.
A medida que la situación se desarrollaba, Burford Capital adquirió el derecho a demandar a Argentina por 15 millones de euros, tomando control del 70% de cualquier indemnización eventual. La situación se complicaría aún más cuando, en marzo de 2023, la jueza Loretta Preska emitió un fallo que atribuía responsabilidad al Estado argentino, eximiendo a YPF, y dictaminó una condena total de 16,100 millones de dólares. Esta cifra aumentó a aproximadamente 18,000 millones con los intereses acumulados.
En enero de 2024, Argentina apeló pero no presentó garantías económicas, lo que permitió que la jueza Preska avanzara con la ejecución del fallo. Se llegó a ordenar que el Estado transfiriera acciones de YPF al Banco de Nueva York Mellon como pago parcial. Sin embargo, en julio de 2025, la Cámara de Apelaciones suspendió esta orden, mientras que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se posicionó a favor de Argentina.
El 27 de marzo de 2026, en un giro inesperado, la Cámara de Apelaciones revocó la condena en su totalidad, declarando que Argentina no debe pagar nada. Este desenlace marca un acontecimiento histórico para el país y se considera uno de los mayores logros legales en su historia. Esta decisiоn no solo cambia el rumbo del litigio, sino que también sienta un precedente en las relaciones entre el Estado argentino y los inversionistas internacionales.
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Datos basados en información reportada originalmente por eleconomista.com.mx.






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