Una reciente decisión judicial en El Paso, Texas, ha exonerado al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, en el juicio civil promovido por su sucesor, Javier Corral Jurado, y el Gobierno del Estado. Este caso giraba en torno a la acusación de que Duarte había adquirido 50 propiedades en Estados Unidos con un valor aproximado de 25 millones de dólares, supuestamente derivados de un desvío de recursos públicos.
El juez Rubén Morales determinó que no se presentaron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones contra Duarte. En su fallo, aceptó la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario, a favor del exgobernador y su hijo, César Adrián Duarte, indicando que las evidencias presentadas no lograban corroborar los señalamientos del demandante.
En una conferencia de prensa posterior a la decisión, Duarte celebró este veredicto y aseveró que la demanda era parte de una campaña de persecución política por parte de Corral. “Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”, señaló el exfuncionario.
Además, se destacó que Javier Corral deberá asumir los costos derivados del proceso, incluyendo honorarios de abogados. Por su parte, Corral defendió que la denuncia no fue un acto personal, sino una acción del Gobierno del Estado de Chihuahua durante su gestión. En sus declaraciones en redes sociales, responsabilizó a la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, y a su gabinete por no responder a los requerimientos del despacho jurídico contratado, lo que según él, habría imposibilitado la presentación de pruebas suficientes ante la Corte estadounidense.
Corral explicó que los honorarios del despacho de abogados Buzbee solo serían cubiertos si se lograba recuperar los bienes considerados ilícitos. Asimismo, expresó que la absolución de Duarte no es resultado de su inocencia sino de una presunta complicidad con la actual gobernadora y una red de protección que, según él, ha distribuido los recursos de manera poco ética entre un selecto grupo.
Este desenlace pone de manifiesto las tensiones políticas en Chihuahua y abre un debate sobre la justicia, la corrupción y la gestión de los recursos públicos en el estado. La decisión de la corte no solo redefine el futuro legal de Duarte, sino que también marca un nuevo capítulo en la política local, donde las acusaciones y las defensas se entrelazan en un contexto de lucha por el poder.
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