La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, como lo aprobó en 2019 el Congreso de la Unión derivado de una iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión pública de este lunes, el ministro presidente Arturo Zaldívar argumentó que la medida es “inconvencional”, pues viola derechos humanos.
En Twitter señaló también que “la prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”.
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En su iniciativa, el Ejecutivo federal argumentó que dichos delitos, a partir de ciertos montos, afectaban la seguridad nacional, pues causaban daños importantes a las arcas públicas.
Por ejemplo, estas reformas tipificaron como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por un monto superior a 7 millones 800 mil pesos. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como un grupo de senadores de oposición, impugnaron ante el máximo tribunal estas modificaciones a las leyes de Seguridad Nacional, Federal contra la Delincuencia Organizada y a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y al Fiscal de la Federación, al considerarlas excesivas e inconstitucionales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por ejemplo, entregó a la Suprema Corte un amicus curiae con estas consideraciones para que fueran tomadas en cuenta durante la discusión. Este lunes, durante la sesión pública del pleno de la Corte, ocho de 11 ministros les dieron la razón.
En su intervención, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, consideró que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, pues aseguró que es “inconvencional”. El también presidente del Consejo de la Judicatura rechazó la ampliación de delitos que ameritan dicha medida cautelar, aun cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional.
