El 17 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión histórica al revocar la sentencia de 27 años y medio de prisión impuesta a una mujer condenada por secuestro agravado. Esta resolución, unánime y enmarcada en la búsqueda de justicia desde una perspectiva de género e interseccionalidad, marca un hito en la forma en que se juzgan los casos relacionados con delitos graves en México.
La Corte ordenó al Tribunal Colegiado que emitiera una nueva sentencia, enfatizando la necesidad de abordar el caso con un enfoque que contemple las condiciones de desventaja que puedan surgir a partir del género de la acusada. Este fallo se deriva del amparo directo en revisión 5757/2025, analizado bajo la ponencia de Estela Ríos González. La decisión se fundamenta en la imperante necesidad de evitar estereotipos o prejuicios que distorsionen la realidad de las mujeres involucradas en el sistema penal.
Uno de los puntos más relevantes destacados por la SCJN es que el Tribunal deberá examinar de manera integral el material probatorio, y, si se identifica alguna situación de vulnerabilidad relacionada con el género, se cuestionará la neutralidad del derecho aplicable. Este análisis busca evaluar cómo las desigualdades sociales pueden influir en la aplicación de la justicia, buscando siempre una resolución equitativa.
Ríos González argumentó que la función de la mujer en el caso concreto, que se limitaba a cuidar y alimentar a la víctima de secuestro, no constituía coautoría, pues su papel no era fundamental en la ejecución del delito. Por esta razón, consideró que su calificación en el delito debía ser revisada a la baja. Sin embargo, Yasmín Esquivel Mossa, aunque apoyó el proyecto, expresó su desacuerdo con la interpretación del rol de la mujer en este contexto.
Este fallo no solo representa un avance significativo en la lucha por una justicia más justa e igualitaria en México, sino que también resalta la necesidad de un sistema judicial que, al evaluar casos, reconozca y contemple las complejidades sociales y estructurales que afectan a las mujeres. La decisión de la Corte puede sentar un precedente crucial, empujando a otros tribunales a adoptar una visión más inclusiva y comprensiva en sus deliberaciones.
Con esta resolución, la SCJN reafirma su compromiso con los derechos humanos y la justicia, marcando un paso hacia la erradicación de prácticas que perpetúan la desigualdad en el sistema penal. Este cambio de paradigma puede tener un impacto duradero en la manera en que se procesan los casos de mujeres acusadas de delitos, ofreciendo un nuevo marco que prioriza la equidad y la protección de los derechos de todas las personas involucradas.
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