La Corte Suprema de Estados Unidos ha comenzado a evaluar una solicitud crucial del gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer para poner fin a una serie de demandas relacionadas con el glifosato, un compuesto presente en su herbicida Roundup. Este debate legal ha tomado una nueva dirección tras la aceptación de la Corte de revisar un caso originado en Misuri, donde un jurado otorgó 1.25 millones de dólares a John Durnell, quien asegura que Roundup fue la causa de su cáncer, en un contexto de miles de juicios similares en contra de la compañía.
Desde la adquisición de Monsanto, el fabricante original de Roundup, en 2018, Bayer ha invertido más de 10,000 millones de dólares en litigios relacionados con este herbicida. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Sin embargo, Bayer defiende la seguridad del producto, apoyándose en estudios científicos y los permisos otorgados por autoridades reguladoras.
La empresa argumenta que debería estar protegida de las demandas estatales, citando la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para la venta de Roundup sin advertencias. El respaldo del gobierno de Trump reforzó esta postura, señalando que las leyes federales sobre etiquetas de pesticidas deberían prevalecer sobre las normativas estatales que exigen advertencias por riesgos de carcinogenicidad.
Sarah Harris, viceprocuradora general adjunta, ha planteado la necesidad de una regulación uniforme, advirtiendo que si cada estado emite sus propias determinaciones sobre el riesgo del glifosato, la claridad en el etiquetado se vería gravemente afectada. En su intervención, Harris mencionó la posibilidad de que un estado afirme que el glifosato causa cáncer mientras que otro lo desmiente, lo que complicaría la situación para los consumidores y la industria.
Se anticipa que la Corte Suprema emitirá su veredicto en junio o principios de julio de 2026, en un caso que no solo implica responsabilidades legales para Bayer, sino que también tendrá un impacto significativo en la regulación de productos químicos en Estados Unidos y en la percepción pública sobre la seguridad de los herbicidas. La resolución de este litigio podría proporcionar una claridad decisiva en un entorno en el que la salud pública y el negocio agrícola están en constante intersección.
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