El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar un caso que podría tener amplias repercusiones legales y sociales, específicamente el juicio de amparo directo 104/2021. Esta revisión surge a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y se centra en Mario Aburto, conocido por ser condenado a 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del PRI asesinado en 1994.
El tribunal se encargará de determinar si la sentencia aplicada a Aburto se ajustó adecuadamente al Código Penal Federal, que establece una pena más severa, o si, en realidad, debió aplicarse la normativa de Baja California, donde se prevé una condena de 30 años, tiempo que Aburto ya ha cumplido. Este dilema legal plantea cuestiones fundamentales sobre la competencia de las autoridades judiciales y la aplicación del derecho.
La Corte aprobó esta revisión con una votación de seis a favor y dos en contra, atendiendo las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, siendo la primera presentada por la FGR y la segunda por magistrados del Tribunal Colegiado. En su defensa, Aburto sostiene que el delito que se le imputa es de carácter local, lo que significa que debería haber sido juzgado por una jurisdicción estatal.
Uno de los puntos más debatidos en este caso es la validez del artículo 10, párrafos segundo y tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales. Según Aburto, este artículo es inconstitucional, ya que infringe el principio de seguridad jurídica al permitir la invasión de competencias entre el fuero federal y los estatales. Esto plantea un reto para el sistema judicial, dado que resalta la importancia de que los ciudadanos sean juzgados por autoridades competentes según la naturaleza de los delitos que se les imputan.
El Tribunal Colegiado de Circuito, en sus deliberaciones previas, hizo hincapié en el principio del mayor beneficio. Este principio se refiere a que, ante cualquier violación procesal, debe primar la opción que beneficie en mayor medida al acusado. En este contexto, el tribunal reconoció que, efectivamente, existen diversas violaciones que afectan la causa penal seguida en contra de Aburto. Entre ellas, resaltó que una de dichas violaciones podría impactar de manera significativa sus derechos, especialmente en lo que respecta a la libertad personal y a un juicio que sea pronto y justo.
El desenlace de este caso no solo determinará el futuro judicial de Mario Aburto, sino que también podría sentar precedentes sobre cómo se aplican las leyes penales en México. La atención que ha suscitado este caso refleja el interés continuo por casos de alta relevancia social, especialmente aquellos que involucran temas de justicia y derechos humanos. La resolución que emita la SCJN en los próximos días será clave para entender la dirección que tomará la jurisprudencia en el país sobre cuestiones de competencia judicial y derechos del acusado.
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