La situación del espectro radioeléctrico en México ha llamado la atención por su impacto en el desarrollo de las telecomunicaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado que el país cuenta con oportunidades para “reequilibrar” las tarifas relacionadas con la asignación y explotación de concesiones de espectro. Aunque este cambio podría generar una pérdida de recaudación a corto plazo, se anticipa que resultaría en beneficios sustanciales a largo plazo, como una mejor conectividad y generación de nuevos empleos.
Actualmente, el sistema fiscal de México para el espectro radioeléctrico incluye un pago inicial conocido como guante, junto con tarifas anuales que pueden extenderse a lo largo de la vigencia de la concesión. Este enfoque contrasta con el de otros países, donde generalmente solo se realiza un pago inicial. Esta estructura ha colocado a México entre los países con los costos más elevados dentro de la OCDE, lo que desalienta la inversión en infraestructura, favoreciendo la concentración del mercado en un solo operador, que controla alrededor del 56% de las conexiones de banda ancha móvil.
La OCDE advirtió que las tarifas actuales son casi el doble de la mediana internacional, y enfatizó que los regímenes de licencias bien diseñados fomentan la seguridad jurídica, lo que a su vez estimula la inversión y la innovación en el sector. Sin embargo, las elevadas tarifas anuales en México no han maximizado la rentabilidad fiscal; en vez de ello, han llevado a que algunas compañías devuelvan sus concesiones, como es el caso de AT&T y Telefónica.
Las licitaciones recientes se han visto afectadas por la falta de interés de postores, lo que resalta que las tarifas en México son más altas que en la mayoría de otros lugares del continente. Con un total de 427.92 Megahertz disponibles, México se encuentra aún por debajo de los 1,280 Megahertz recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para asegurar una calidad adecuada en servicios móviles. Al compararlo con los 660 Megahertz que se utilizaban al final del mandato de Enrique Peña Nieto, y los 500.9 Megahertz durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, está claro que el país ha visto una disminución en la explotación del espectro.
El esquema de tarifas en México, que combina un alto costo inicial con tarifas anuales elevadas, representa entre el 70% y el 90% del costo total del espectro. Este modelo, más común en el país, contrasta con el de la OCDE, donde las subastas suelen definir el monto total del pago. La OCDE ha recomendado que las autoridades mexicanas contemplen la posibilidad de armonizar las tarifas con las del promedio internacional.
Asimismo, el nuevo regulador mexicano ha presentado planes para adjudicar frecuencias que cubren diversas regiones y necesidades, de cara a la primera subasta 5G industrial. Este proceso incluiría 200 Megahertz que se asignarían a coberturas de tamaño regional y local.
En conclusión, la OCDE sugiere que la transición hacia tarifas más competitivas y la reducción de cargas administrativas podría facilitar un despliegue más efectivo de 4G y 5G en el país. Con estas medidas, se podría superar la actual crisis de espectro y fomentar un entorno más dinámico en el sector de telecomunicaciones en México.
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