El Parlamento francés ha dado este domingo su visto bueno final a la ley que transforma el certificado covid hasta ahora vigente en un pasaporte de vacunación que solo permitirá el acceso a lugares públicos cerrados como bares, restaurantes, museos, cines o transportes interregionales a las personas que hayan completado su pauta de vacunas. Hasta ahora también se podía acceder a estos espacios con un test negativo, pero con esta nueva norma se exigirá la inmunización. La medida es un paso más en el objetivo declarado del presidente, Emmanuel Macron, de hacerles la vida tan imposible —“joderles” o “fastidiarles”, como dijo para gran shock e indignación de muchos franceses y la oposición— a los no vacunados, unos cinco millones aún en toda Francia, que acaben por ponerse las dosis necesarias. Se espera que la nueva ley, que debería haber empezado a funcionar este sábado, entre en vigor a finales de la semana que viene, tras un previsible paso por el Consejo Constitucional para una última validación de sus condiciones, como ha avanzado la oposición.
La ley para “reforzar los instrumentos de la gestión de la crisis sanitaria”, que así se llama oficialmente el texto, fue aprobada por la Asamblea Nacional en última lectura con 215 votos a favor y 58 en contra, tras dos horas y media de debate. Se pone fin de esta forma a un proceso parlamentario de dos largas semanas llenas de sobresaltos e interrupciones, en los que la discusión del proyecto de ley fue suspendido en varias ocasiones en medio de un cargado ambiente preelectoral y fuertes polémicas. La principal, que no la única, se produjo a raíz de las controvertidas palabras de Macron sobre los no vacunados, a los que dijo querer emmerder (un término muy poco elegante que se puede traducir como fastidiar, joder o putear) y cuyo derecho a la ciudadanía llegó incluso a cuestionar en una entrevista, declaraciones que fueron duramente condenadas por la mayoría de los partidos de oposición.
Con una media de contagios récord de más de 300.000 casos diarios debido a la fulgurante expansión de la variante ómicron, el Gobierno había acelerado la presentación del proyecto de ley con el objetivo de que entrara en vigor el sábado 15 de enero. Esa es la fecha que había fijado para que el actual certificado covid vigente desde el verano —y que también admite un test negativo como prueba para ingresar en lugares públicos cerrados— se desactive para todos aquellos que no han completado su pauta de vacunación con la dosis de recuerdo en los plazos fijados. Se trata de unas 500.000 personas, según las estimaciones iniciales, aunque con la oleada de nuevos contagios —que están afectando a los ritmos de vacunación— las cifras bailan. Esta última medida entró efectivamente en vigor el sábado, sin que, por el contrario, se contara aún con el pasaporte de vacunación. Hasta que este esté en marcha, tanto aquellos a los que toca una dosis de recuerdo y todavía no se la han puesto como los que no estén vacunados podrán seguir presentando un test negativo. Esta posibilidad no obstante terminará en cuanto entre en vigor el pasaporte de vacunación, según el Gobierno alrededor del día 20.
En su paso por el Parlamento, sobre todo en el Senado donde la oposición del conservador partido Los Republicanos tiene la mayoría, el texto original fue levemente modificado. Así, el pasaporte de vacunas solo se aplicará a las personas mayores de 16 años, mientras que los menores de entre 12 y 15 años podrán seguir presentando el certificado covid, un extremo validado este domingo.
En su última revisión, la Asamblea Nacional por el contrario restableció los controles de identidad por parte de restauradores o camareros en caso de que haya dudas sobre la identidad de la persona que muestra su pasaporte de vacunación. La medida fue aprobada a pesar de las críticas renovadas de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, que considera que la norma supone, por un lado, una carga adicional a los restauradores que ya se quejan de los controles del certificado que deben realizar, además de arrojar dudas sobre la posibilidad de crear una “sociedad de control” en la que personas no formadas ni con autoridad legal pudieran ejercer un control normalmente reservado a las fuerzas de seguridad.
La caducidad de los certificados covid de los que no se hayan puesto la dosis de recuerdo a tiempo, las polémicas declaraciones de Macron y la inminente entrada en vigor del pasaporte de vacunación reavivaron en las pasadas semanas las manifestaciones anti-pasaporte covid, que hace 15 días volvieron a reunir a más de 100.000 personas en las calles de todo Columna Digital, si bien este sábado último la cifra cayó de nuevo a la mitad.
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