Es común escuchar el argumento de que durante el gobierno de López Obrador no se incurrió en deuda. Cuando se le cuestiona sobre esta afirmación, la respuesta usualmente se fundamenta en: “lo dijo López Obrador”. Sin embargo, es importante reconocer que la adquisición de deuda es una práctica habitual de los gobiernos a nivel mundial y que, a menudo, los líderes políticos tienden a minimizar este aspecto. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, ha sido clara al reconocer que sí se ha acumulado deuda durante su administración.
Desde que asumió el cargo, se han generado dos millones de millones de pesos en deuda pública, lo que corresponde a doce ceros. La clave radica en gestionar la deuda de manera responsable y, crucialmente, tener la capacidad de pago para enfrentarla. La capacidad de pago depende en gran medida de la recaudación impositiva, la cual debería ser más robusta si la economía crece y si se cuenta con una mayor participación de todos en el sistema tributario. Sin embargo, actualmente México se enfrenta a serios desafíos: llevamos siete años sin crecimiento económico y una creciente población que aumenta más del 1% cada año. A su vez, más del 60% de la planta productiva no contribuye con impuestos, cifra que en algunas regiones del sur del país supera el 80%.
Recientemente, la Secretaría de Hacienda comunicó que la deuda pública ha aumentado en 2 billones de pesos. Cuando el gobierno anterior asumió el poder, heredó una deuda histórica de 10.5 billones acumulada desde 1946 hasta 2018. Según reportes de prensa, la deuda actual ha alcanzado los 17.7 millones de millones de pesos, lo que significa un gasto promedio de 5 mil 270 millones de pesos diarios, mientras que la recaudación fiscal se ve seriamente afectada por la creciente informalidad en el país.
Este panorama financiero implica que cada mexicano, incluidos los recién nacidos, enfrenta un adeudo de aproximadamente 127,000 pesos. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a seis iPhone 16, con intereses que rondan un millón de millones de pesos anuales. En un movimiento reciente, el gobierno ha decidido reducir la edad de jubilación para los trabajadores de la CFE, y se ha determinado que los empleados gubernamentales también podrán jubilarse antes. Actualmente, el gasto en pensiones supera el monto que se transfiere a los 32 estados de lo que se genera en impuestos.
La tendencia de los gobiernos a gastar el dinero de los contribuyentes está llevando a una ineludible realidad: ya no hay recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades. Esto obligará al gobierno a tomar decisiones cruciales sobre dónde recortar y dónde invertir. Con la situación tan compleja, la atención y el análisis de estos aspectos económicos se hacen más necesarios que nunca.
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