Una niña y dos mujeres murieron asesinadas este miércoles en una carretera de Zacatecas, en el centro de México, tras el ataque a balazos de un comando armado. La agresión ocurrió en la vía que comunica Valparaíso con Fresnillo, la ciudad más insegura del país, de acuerdo a datos de percepción ciudadana recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Medios locales han informado de que en la camioneta viajaban migrantes que volvían de Estados Unidos por las vacaciones de Semana Santa, versión que las autoridades no han confirmado.
Se trata del último eslabón de una larga cadena de masacres ocurridas en los últimos años en el Estado. Solo entre enero y febrero, Zacatecas registró siete masacres, entendiendo por tal el asesinato simultáneo de tres o más personas. El año pasado fueron 69, el segundo estado que más registró en todo el país únicamente por detrás de Guanajuato, según el conteo de la organización Causa en Común.
Es rara una semana sin masacres en Zacatecas. Hace dos días, las autoridades encontraron los cadáveres de seis personas con signos de tortura en una cuneta, cerca del municipio de Pinos, en el límite con el Estado de San Luis Potosí. Entonces y ahora, las autoridades se han limitado a certificar el hallazgo de los cadáveres. Rara vez casos así merecen un segundo comunicado de prensa, menos una comparecencia de los fiscales encargados del caso.
Cuando eso ocurre, las autoridades suelen señalar diferencias entre grupos criminales, confusiones o cualquier otra expresión del léxico pseudobélico que puebla el día a día de buena parte de las regiones de México. No es un problema de Zacatecas, Guanajuato vive la misma situación desde hace años, lo mismo Michoacán, Jalisco, Baja California y Chiapas, o antes Veracruz y Guerrero.
El caso de Zacatecas refleja no solo el dolor de las víctimas y sus familias, sino la incapacidad del Estado para contener la violencia, menos de reducirla. Desde que inició la actual administración, México cuenta más de 100.000 asesinatos, superando los 30.000 en 2019, 2020 y 2021, pese a la pandemia.
Lejos de motivar una reflexión sobre la estrategia de seguridad, el Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, celebra reducciones puntuales de asesinatos o tendencias que si acaso muestran cierta deceleración en el crecimiento de las tasas criminales. Entregado a la Guardia Nacional y el despliegue constante de efectivos, la cantidad se impone a cualquier tipo de calidad, relegando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a espectadora de la violencia.
Así ocurrió a finales del año pasado, recién llegado al Gobierno local el morenista David Monreal, hermano de Ricardo, líder del partido gobernante en el Senado. Visto el torbellino de violencia que había dejado ya decenas de asesinatos, entre ellos más de 50 cadáveres colgados de puentes, López Obrador anunció el envío extra de militares y guardias nacionales. Seis meses después, las masacres se suceden en Zacatecas con regularidad castrense.
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