La lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe representa una de las prioridades más urgentes para el desarrollo económico de la región. Según un informe del Banco Mundial, este flagelo impide el crecimiento, que se espera sea de 2.1% en 2025 y 2.4% en 2026, situando a la región como la de menor expansión a nivel global.
La historia económica de América Latina y el Caribe está marcada por un crecimiento estancado, baja productividad, altos índices de pobreza y una desigualdad que permanece en niveles alarmantes. La violencia que desencadena el crimen organizado es una traba significativa para cualquier avance. De hecho, las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe superan ampliamente a las de otras zonas del mundo. Con una población que representa apenas el 9% del total global, la región es responsable de un tercio de los homicidios en todo el mundo, con tasas que han aumentado notablemente en las últimas dos décadas.
Los índices de homicidio oscilaron entre 38 por cada 100,000 habitantes en Honduras, una de las naciones más afectadas, hasta solo 5 en Argentina y 4 en Bolivia durante el periodo 2018-2022. Si bien algunos países como El Salvador y Venezuela han mostrado mejoras en sus situaciones de seguridad, en otros, como Ecuador y Haití, la crisis se ha profundizado.
El Banco Mundial enfatiza la necesidad de una respuesta estratégica a corto y mediano plazo. A corto plazo, se insta a fortalecer la capacidad de las fuerzas policiales, los sistemas de justicia y las cárceles, así como a implementar programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. A largo plazo, se requiere una mejora en los sistemas educativos y los mercados laborales para lograr un desarrollo sostenible.
Entre los factores que impulsan el aumento del crimen organizado se encuentran la creciente demanda global de cocaína, el oro ilegal y el tráfico de migrantes. También se ha observado una reconfiguración de los grupos delictivos en respuesta a las represiones gubernamentales. La pandemia de Covid-19 tuvo efectos significativos al permitir que las organizaciones criminales consolidaran su poder, ofreciendo apoyo social en áreas donde el Estado ha fallado.
Por ejemplo, el Tren de Aragua de Venezuela, en respuesta al cierre de fronteras causado por la pandemia, ha evolucionado de un grupo que cobraba tarifas a los migrantes a establecer un control más sólido sobre el transporte y alojamiento en la región. Además, según el Banco Interamericano de Desarrollo, los costos del crimen organizado en América Latina y el Caribe alcanzaron un impactante 3.4% del PIB en 2022.
Esta compleja situación requiere una atención urgente, dado que la violencia y el crimen organizado no solo afectan la seguridad de la región, sino también su capacidad para crecer y prosperar en un mundo cada vez más competitivo.
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