Por Carlos Aguilera Rue
Ya pasaron 27 años y nunca llegaron esos 30 días que estableció la Dirección de Aeronáutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para informar sobre las causas precisas que provocaron la “caída” del helicóptero Aguila 25 Bell, de la Policía Federal de Caminos (PFC), ocurrida en agosto de 1997, en la Residencial La Palma del municipio de Jiutepec, Morelos, donde murieron ocho personas entre las que destacaba el presidente de la Comisión de Inversiones del gobierno del estado de Morelos, Ignacio Madrazo Reynoso y el comandante regional de la PFC, Víctor Hugo Enríquez, cuñado también del gobernador morelense, el General Jorge Carrillo Olea.
Mientras tanto, el cuatro de julio de 1997, un mes antes de estos hechos, el Cártel de Juárez parecía sucumbir con la muerte de su líder máximo Amado Carrillo Fuentes en la plancha de un hospital, luego de haber sido sometido a una cirugía plástica, lo que provocó el reajuste en el organigrama de la organización delictiva. De igual forma, ese mismo año fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo “Zar Antidrogas” en México vinculado a la protección del multicitado narcotraficante, lo que parecía que el gobierno federal los tenía acorralados.
Días antes del colapso de la aeronave, un grupo de sicarios del Cártel de Juárez, se resguardaron en la Hacienda de la Luz en Tetecala, Morelos, propiedad del también llamado “Señor de los Cielos”; arribaron de Michoacán y Sinaloa, para instalarse en otros domicilios de Cuernavaca y Jiutepec.
Encabezados por Demetrio Lozada, lugarteniente de Carrillo Fuentes, los sicarios esperaron la orden para “bajar” el helicóptero y dar muerte al “negro” Enriquez; días antes, el jefe policiaco, había sido citado a declarar a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sobre los posibles vínculos de funcionarios del gobierno que encabezaba su cuñado Carrillo Olea con el crimen organizado.
El “negro” Enriquez asistía a reuniones, fiestas y comidas con integrantes del Cártel de Juárez, así como funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM). Para la autoridad, representaba un testigo importante en las investigaciones que se realizaban sobre las operaciones del cártel
Los delincuentes recorrieron a bordo de camionetas las principales calles y avenidas de los límites entre Cuernavaca y Jiutepec, al tiempo de recibir información del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sobre el trayecto del helicóptero policiaco, que había despegado poco después de las nueve de la mañana y “fildearlo” para dispararle.
Después del ataque al helicóptero de la Federal de Caminos, los sicarios se concentraron en un domicilio de la calle Primavera en la colonia Pedregal de las Fuentes, ante la gran movilización policiaca y militar que ocasionó el colapso de la nave en plena zona urbana del municipio de Jiutepec, donde murieron sus pasajeros y los tripulantes. En ese momento, la autoridad aérea estableció que la caída del aparato puedo haberse tratado por un problema en el motor, sin embargo, establecieron 30 días para dar a conocer el fallo de las investigaciones. Hasta el momento y después de 27 años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha dado mayor explicación.
Los sicarios comieron, bebieron y consumieron grandes cantidades de cocaína hasta la entrada la tarde y noche; Mandaron traer comida estilo sinaloense preparada en el restaurante El Cangrejito, ubicado en la colonia Otilio Montaño: La misión fue cumplida.
En esos momentos, el Cártel de Juárez mantenía una estrecha relación con funcionarios del gobierno del estado de Morelos, principalmente con jefes policiacos, entre ellos, elementos de la extinta Policía Federal de Caminos, quienes les permitían transitar libremente por las carreteras de la entidad. En muchas ocasiones los convoy s de camionetas, con hombres fuertemente armados, cruzaban las casetas de peaje sin mayores restricciones; o sea, contaban con paso libre.
Meses después, elementos de la Procuraduría General de la República catearon y aseguraron la Hacienda de la Luz, donde no hubo detenidos, sólo el aseguramiento de animales de ornato, caballos y pavorreales; los tentáculos del cártel estaban relacionados con funcionarios quienes les informaban sobre las investigaciones y operativos en su contra.
Al parecer, la muerte del comandante Enriquez de la Federal de Caminos se debió a que días previos del colapso del helicóptero, había visitado las oficinas de la UEDO paras declarar en torno al involucramiento de funcionarios estatales y federales con integrantes del cártel de Juárez, todos ellos metidos en una nómina para recibir protección.
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