El devastador terremoto que sufrió Haití el sábado ha sumado un nuevo drama a la situación de inseguridad, pobreza y criminalidad de este pequeño país caribeño, que se ha agravado enormemente desde el asesinato, el 7 de julio, del presidente Jovenel Moïse. Cerca de 2.000 personas han muerto por el seísmo de 7,2 grados en la escala de Richter, que ha dejado también unos 7.000 heridos y miles de casas destruidas, además de infraestructuras y cortes en servicios básicos.
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La tormenta tropical Grace, que amenazaba el territorio castigado, ha dado un respiro a la zona afectada al debilitarse y alejarse rumbo a Yucatán, en México, aunque ha dejado abundantes lluvias que complican las operaciones de rescate. En la memoria de todos está el huracán Matthew, que causó 800 muertos en 2016. El acceso a las zonas azotadas por el terremoto, no obstante, se ha visto también entorpecido por la actuación de bandas armadas que desde hace tiempo se han hecho fuertes en Haití.
Es difícil encontrar un país más golpeado por las tragedias, algunas naturales y otras con demasiados nombres propios responsables de los peores desastres. Haití, considerado el país más pobre de América y el primero en obtener la independencia, ha sufrido las terribles dictaduras de los Duvalier: Papa Doc (1957-1971) y su hijo, Baby Doc (hasta 1986); un terremoto causó 300.000 muertos en 2010, y la importante operación de la misión de estabilización de la ONU, concluida en 2017, dejó un rastro de epidemia de cólera y de abusos sexuales que no se ha olvidado.
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El presidente asesinado por sicarios colombianos, en un asalto al palacio presidencial que aún no se ha aclarado, se había adentrado en una senda de autoritarismo que no resolvió el clima de inseguridad que favoreció la actuación de esas bandas criminales. Los secuestros y asesinatos han sido bajo su mandato moneda común en esta parte desgraciada de la isla de La Española, compartida con República Dominicana.
El primer ministro interino, Ariel Henry, lo es en circunstancias de crisis constitucional en las que aún no se ha establecido la fórmula de transición. El país necesita elecciones para recuperar cierta estabilidad, pero también las condiciones apropiadas para que estas puedan transcurrir con mínimas garantías. Aunque estaban previstas inicialmente en septiembre, numerosas voces reconocen que ahora no se dan las circunstancias.
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Y es ahí donde entra la comunidad internacional, que debe contribuir sin fisuras a socorrer a los damnificados con la mayor premura posible y esforzarse para hacer posible que se escuche a los haitianos. Estados Unidos y países latinoamericanos como México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Venezuela y la vecina República Dominicana han enviado y ofrecido ayuda, que empieza a llegar tras sortear a los grupos criminales.
Pero el problema político y social que representan el caos, la corrupción y la criminalidad vinculada al tráfico de drogas y el lavado de dinero solo podrá abordarse desde una concertación de partidos con la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional. Trabajar para restituir y promover cierto grado de estabilidad es la misión más compleja y necesaria que debe sumarse hoy a la ayuda a las víctimas del terremoto.
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