La reciente semana ha estado marcada por acontecimientos que no se pueden pasar por alto. En México, el crimen que le costó la vida a Carlos Manzo ha expuesto una vez más la brutalidad de la violencia en el país y el papel del régimen criminal que la sostiene. En las elecciones locales de Estados Unidos, el Partido Demócrata respiró con triunfos en estados como California, Nueva Jersey y Virginia. Un giro simbólico se dio en Nueva York con la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como alcalde, un evento que subraya la importancia política del momento.
Otro mensaje político significativo provino de la Suprema Corte de EE. UU. En algunas democracias, el poder judicial aún puede, o al menos intenta, contener los excesos del ejecutivo. Recientemente, los ministros escucharon argumentos en el caso Learning Resources v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections, un litigio que podría tener profundas repercusiones tanto para EE. UU. como para el resto del mundo. En el centro de este caso se encuentra una cuestión esencial: ¿tiene un presidente la facultad de imponer aranceles bajo el amparo de poderes de emergencia? ¿Puede hacerlo sin violar el principio de que no hay impuestos sin representación?
Seis de los nueve ministros, incluidos varios designados por Trump, han cuestionado la manera en que el presidente ha utilizado la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a naciones como China, Canadá y México. La Corte está considerando limitar esta extensa interpretación del poder ejecutivo, y el fallo, esperado para finales de año, podría ser un significativo revés para la política económica proteccionista que Trump ha promovido.
Sin embargo, es probable que un fallo desfavorable no detenga al actual presidente en su uso de aranceles como herramienta de presión. Podría optar por vías alternativas, como la Sección 232 de la Trade Expansion Act, que le permitiría imponer aranceles cuando se considere que el volumen de importaciones amenaza la seguridad nacional, un “plan B” en el léxico del gobierno mexicano.
Para México, esta situación no es simplemente una anomalía legal. Los aranceles impuestos por Trump son una herramienta de coerción crucial que Washington emplea contra la administración de Claudia Sheinbaum, especialmente con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se llevará a cabo en 2026. Además, el país no ha cumplido completamente con sus compromisos comerciales, lo que agrava la situación.
Las quejas de la US Chamber of Commerce y del American Petroleum Institute sobre presuntas violaciones al T-MEC se han reactivado. Los señalamientos incluyen el trato preferencial a Pemex y CFE, la recentralización del sector energético y las restricciones a la competencia. Este resurgimiento de quejas demuestra que la presión sobre México aumentará a medida que se acerque la revisión.
El panorama es conocido. En 2022, la autoridad comercial estadounidense (USTR) inició un proceso de consultas por motivos similares, pero la administración Biden prefirió no escalar la disputa para evitar complicaciones con su agenda migratoria en el período electoral. Así, es probable que la relación bilateral se mantenga en una fricción administrada, con tensiones cíclicas condicionadas por un pragmatismo forzado por la geografía y el contexto político.
Mientras tanto, el proceso de consulta pública en EE. UU. ha llegado a su fin, aunque el USTR trabaja con un personal mínimo debido a un cierre gubernamental. En 2026, la revisión formal del T-MEC se producirá justo antes de las elecciones intermedias, lo que complicará la posibilidad de cambios sustanciales que requieran la aprobación de un Congreso aún por definirse. Paralelamente, la Suprema Corte decidirá si EE. UU. opta por normalizar el uso del poder ejecutivo o frena la tendencia a gobernar por decreto en lo que históricamente ha sido considerada una de las democracias más estables del mundo.
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