El Senado de la República se apresta a debatir un nuevo proyecto de ley que reconfigurará el panorama legal en torno a las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Este proyecto, una versión renovada de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), busca poner fin a más de doce años de vigencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Esta legislación tiene implicaciones directas en dos sectores que representan el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, es decir, aproximadamente 35,000 millones de dólares anuales, y que además protege el sustento de más de 301,806 familias. Asimismo, es fundamental para garantizar las comunicaciones de 35 millones de hogares en el país.
Entre las novedades que trae este dictamen, destaca la promesa del gobierno de la Cuarta Transformación de establecer una entidad reguladora con independencia técnica, diseñada específicamente para cumplir con las normativas del T-MEC. Además, contempla facilitar el acceso al espectro radioeléctrico a operadores que busquen cubrir mercados desprotegidos, ofreciendo descuentos relevantes. También se aprobó que las radios sociales, indígenas y afromexicanas podrán comercializar publicidad local, mientras que las estaciones de radio y televisión deberán contar con un defensor de audiencia por concesionario.
La creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es uno de los ejes centrales de este nuevo marco regulatorio. Este organismo se encargará de regular aspectos como la administración del espectro radioeléctrico y la infraestructura compartida, además de ejercer sanciones. Aunque la CRT hereda muchas funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), su autonomía es menor. Los miembros de la CRT durarán siete años en el cargo, mientras que los comisionados del IFT tenían un mandato de nueve años.
Para ser comisionado de la CRT, los candidatos solo necesitarán tres años de experiencia en telecomunicaciones y radiodifusión, una disminución respecto a la legislación existente que exige un conocimiento especializado acreditado mediante evaluaciones técnicas.
La disolución del IFT está contemplada para el día posterior a la conformación del pleno de la CRT. Según el nuevo marco normativo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargará de llevar servicios a mercados no atendidos, aunque aún no se ha definido si será de forma directa o a través de sus filiales.
En cuanto al espectro, la nueva legislación asegura su acceso para aquellos operadores que se comprometan a cubrir áreas geográfica o económicamente desprotegidas, bajo condiciones de cumplimiento periódicas. Además, se abre la posibilidad a estaciones comunitarias de comercializar espacios publicitarios para obtener recursos que sustentan su operación, a cambio de informes detallados sobre su actividad.
Finalmente, en un avance significativo, se establece la figura de un defensor de audiencias por empresa concesionaria, quien tendrá un periodo de tres años, con opción a reelección, contribuyendo así a una mayor responsabilidad y transparencia en la oferta de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Esta información corresponde a la fecha de publicación original del contenido (2025-06-27 10:09:00).
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