El 7 de agosto de este año, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfrentó una de las crisis mediáticas más significativas desde su creación, la cual no ha cumplido ni un año. Este episodio surgió en medio de una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que contaba con apenas diez días de duración. Las críticas hacia lo que se percibía como censura y un intento del Gobierno por controlar la “verdad” estaban en aumento.
Para mitigar el rechazo público, la Presidenta de la CRT, Norma Solano, concedió una entrevista a La Razón donde insistió en que la CRT “no regula contenidos ni establece qué sí o qué no”. Afirmó que las sanciones no estarían ligadas a la valoración del contenido difundido y que los Lineamientos se fundamentaban en la autorregulación.
Sin embargo, el mismo día, la CRT emitió el Oficio no. CRT/DGAF/DERMySG/OA/017/2026, autorizando un contrato directo para acceder a una base de datos sobre “ratings de televisión abierta, restringida o de paga”, así como información sobre la competencia y la actividad publicitaria en el medio. Este contrato, otorgado a Investigación de Mercados INRA, S.C., por la suma de $5,015,999.92 pesos, permitirá a la CRT monitorear el consumo de contenidos de cada canal, incluyendo datos detallados sobre audiencias y tipos de anuncios.
En un contexto donde las críticas hacia el Gobierno tienen repercusiones palpables, esta decisión sugiere un uso estratégico de recursos para fortalecer el control sobre el sector. A la luz de la creciente tensión entre el Gobierno y sus opositores, resulta alarmante que la Dirección General de Audiencias de la CRT, en medio de una consulta pública, destine casi 5 millones de pesos a un estudio que parece exceder sus funciones declaradas.
La obligación de los concesionarios de distinguir entre publicidad y contenido es el único derecho de las audiencias que se relaciona con la publicidad, lo que plantea interrogantes sobre la pertinencia de este estudio. Si, como Solano indicó, la CRT no intervendría en los contenidos, ¿por qué gastar tan considerable suma en la recopilación de información sobre el consumo y ratings de contenidos?
A medida que el debate avanza, es evidente que la intención de una parte del Gobierno es silenciar a sus críticos. La presión mediática ha forzado a la Presidenta de la CRT a retroceder en su postura, pero el impulso por controlar y vigilar a los medios revela una tendencia problemática, que podría enmarcarse en un contexto autoritario.
La situación invita a la reflexión sobre el futuro de la regulación de los medios y los derechos de las audiencias en un entorno donde la transparencia y el diálogo deberían prevalecer. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué valor tiene un acercamiento aparente con la industria, si detrás se multiplican las acciones para monitorizar y limitar su autonomía?
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