Las recientes protestas de la CNTE en la Ciudad de México han generado un impacto económico considerable, que va más allá de los 405 millones de pesos denunciados por la asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Este grupo, afectado directamente, no es el único; hay múltiples áreas en la capital que enfrentan situaciones similares, como el corredor de Paseo de la Reforma, avenidas en Polanco y los alrededores del Estadio Azteca. Además, las manifestaciones se extienden a Oaxaca, donde se ha bloqueado el aeropuerto, y se registran interrupciones en las carreteras de varios estados, así como en las garitas que conectan Tijuana con San Diego.
El futuro financiero dependiente de las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno es incierto. La CNTE busca no solo un aumento salarial por encima del 9% acordado, sino también la abolición de la Ley del ISSSTE de 2007, que podría costar decenas de miles de millones de pesos. Además, desean recuperar el control del sistema de nombramientos y promociones en el sector educativo. Mientras el Gobierno ofrece un esquema financiero para reducir las pérdidas, la CNTE lo rechaza.
El verdadero costo de las protestas es difícil de cuantificar, debido a la diversidad de afectados y las distintas formas de daño. Desde vandalismo en el mobiliario urbano hasta vehículos dañados, los efectos tangibles son palpables; sin embargo, los costos intangibles como el estrés y la ansiedad provocados en la población no se pueden medir con facilidad. La CNTE ha perfeccionado una estrategia de presión que afecta el flujo diario de miles de personas, quienes, según estimaciones, pueden perder horas valiosas en sus desplazamientos.
Si centramos nuestra atención en la Ciudad de México, que representa aproximadamente el 15% del PIB nacional y tiene una fuerza laboral de casi 5 millones de personas, la pérdida de productividad es alarmante. Considerando un salario diario promedio de 700 pesos, y si 1 millón de personas sufrieron, al menos una hora de retraso, se podrían estar generando pérdidas de hasta 150 millones de pesos diarios. Pero, ¿quién asume la responsabilidad de todo esto?
Esta cifra no incluye lo que pierden los comerciantes locales o los trabajos informales en las zonas afectadas. Además, es fundamental considerar las pérdidas que aún no se reportan en otras partes del país. Para muchos, la protesta significa una reducción en sus ingresos, ya sea por la pérdida de propinas o por descuentos en sus salarios.
La magnitud de las pérdidas es significativa, aunque muchas veces no se toma en cuenta. Evaluar el impacto de las protestas es un reto para la democracia. No somos el único país enfrentando estos problemas; desde hace algunos años, el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a analizar estos fenómenos, encontrando que las protestas pueden disminuir el PIB en más del 1% cuando alcanzan cierta magnitud. Además, los estudios indican que una manifestación puede activar otras protestas, reforzando un ciclo de descontento.
Mientras la CNTE continúa haciendo presión, otros grupos, como los transportistas y los familiares de desaparecidos, también se preparan para manifestarse. En este contexto de creciente tensión, la posibilidad de obtener respuestas satisfactorias es incierta, y el impacto económico podría seguir en aumento. En el fondo, el mensaje es claro: mientras algunos claman por sus derechos, otros cuentan las pérdidas. La necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a manifestarse y los derechos de quienes son afectados por estas acciones es más crucial que nunca.
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