Después de la reciente decisión del rey Carlos III de despojar a su hermano, el expríncipe Andrés, de sus títulos nobiliarios, la familia real británica continúa enfrentando las consecuencias de su asociación con el controvertido delincuente sexual, Jeffrey Epstein. Este escándalo ha reavivado el escrutinio público sobre el comportamiento de la mala gestión dentro de la monarquía.
En un anuncio realizado la noche del jueves, Buckingham Palace reveló que Andrés, de 65 años, no solo perdería sus títulos, sino que también tendrá que abandonar su opulenta mansión de 30 habitaciones en Windsor. El expríncipe se trasladará a la residencia de Sandringham, propiedad privada de la Corona. Aunque la ubicación específica de su nuevo hogar aún no se ha determinado, el palacio ha asegurado que Andrés vivirá a expensas del rey.
Según el diario The Guardian, el expríncipe podría recibir una compensación económica significativa por dejar la Royal Lodge, gracias al contrato de arrendamiento de 2003 con el Crown Estate, que gestiona los bienes de la Corona británica. Además, se espera que reciba una asignación anual del rey para cubrir sus gastos, aunque su pensión como exoficial de la Marina, que asciende a 20,000 libras al año, también le proporcionará un ingreso. Cabe recordar que el año pasado, Carlos le retiró una asignación de un millón de libras, lo que le ha colocado en una posición económica más precaria.
Su mudanza a Sandringham no se realizará antes de Navidad, en parte por razones logísticas, pero también para evitar que su presencia interfiera con las festividades familiares. La familia real se reúne en Sandringham, donde se espera que las tensiones persistan.
En el ámbito legal, Andrés ha negado firmemente las acusaciones realizadas por Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, quien afirmó haber tenido relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años. Aunque en 2022 Andrés alcanzó un acuerdo financiero fuera del tribunal para resolver una demanda en Estados Unidos, el interrogante sobre su responsabilidad legal persiste. En Estados Unidos, una comisión del Congreso continúa investigando su caso, lo que ha llevado a algunos miembros a exigir su testimonio. El hermano de Giuffre ha declarado que Andrés “debería estar en prisión”, intensificando el clamor público por una revisión más profunda de su conducta.
A pesar de haber perdido sus títulos, el expríncipe Andrés aún ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono británico. Recientemente, han surgido llamados para que se impida que herede el trono, aunque las posibilidades de tal cambio legislativo son mínimas, ya que requerirían la aprobación del Parlamento y de todos los países del Commonwealth. El portavoz del primer ministro Keir Starmer ha dejado claro que no se contemplan cambios en la ley en este respecto.
El escándalo ha debilitado la imagen de la familia real, que ha sido criticada por su lentitud en responder a las inquietudes sobre Andrés. La diputada Rachael Maskell ha introducido un proyecto de ley para facilitar la remoción de títulos nobiliarios, mientras que la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento ha solicitado información al Crown Estate sobre el contrato de arrendamiento de Andrés. Esto plantea un llamado a la familia real para que sea más transparente respecto a sus finanzas y su gestión interna. El historiador Andrew Lownie ha observado que la preocupación por Andrés podría ser vista como un intento de desviar la atención de los problemas más amplios dentro de la monarquía.
Estas circunstancias han abierto un debate crucial sobre el futuro de la Corona británica y la necesidad de una mayor rendición de cuentas. El desenlace de esta situación promete ser un punto de inflexión en la historia reciente de la monarquía británica, a medida que el público exige mayor transparencia y responsabilidad.
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