El reciente avance legislativo en México para establecer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión ha suscitado una mezcla de inquietud e incredulidad en diversos sectores, especialmente entre los medios de comunicación. En particular, el artículo 17 de esta nueva legislación establece un agravante que aumenta las penas de prisión cuando los delitos se realizan mediante cualquier forma de comunicación. Esta definición no solo abarca los medios tradicionales como la televisión y la radio, sino que se extiende a aplicaciones digitales, redes sociales e incluso publicaciones impresas como periódicos y libros. La redacción es tan inclusiva que resulta difícil encontrar un medio que escape de su alcance.
Un aspecto alarmante de este nuevo marco legal es la definición misma de extorsión. Según lo establecido en el artículo 15 de la minuta publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2025, cualquier persona que, sin derecho, obligue a otra a actuar de una determinada manera o a tolerar algo, podría ser considerada un extorsionador. Esto significa que una crítica en redes sociales, si causa angustia emocional a un seguidor, podría llevar incluso a la detención de quien realiza la crítica. Un influencer que expresa una opinión negativa sobre una marca podría enfrentar cargos si alguno de sus seguidores se siente afectado emocionalmente.
La preocupación por las posibles consecuencias de esta legislación no se limita a la censura. Además, se pone de relieve una preocupante falta de coherencia en la forma en que se abordan los delitos en México. En contraste con la flexibilidad que se aplica ante el narcotráfico, donde se promueven estrategias de “abrazos, no balazos”, la respuesta del Estado ante la “violencia” en protestas ha sido la represión, con arrestos por “tentativa de homicidio”. Esta asimetría plantea preguntas sobre las prioridades del gobierno y su interés en abordar las causas subyacentes de los problemas sociales.
Por otro lado, se ha notado un endurecimiento en la sanción de los delitos fiscales. En este contexto, la ley permite la prisión preventiva sin necesidad de probar el delito, y un contribuyente puede enfrentar severas restricciones en su actividad económica basándose en meras sospechas. En este entorno, cualquier publicación incómoda en un medio digital podría considerarse extorsión, sujeto a penas de prisión, sin necesidad de demostrar intimidación o violencia.
Las disparidades en las políticas de regulación de delitos reflejan claramente las prioridades gubernamentales. Es esencial que los legisladores reconsideren estas iniciativas, evaluando con mayor rigor cómo afectan la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es solo un ejemplo de cómo la legislación puede tener repercusiones insospechadas, y plantea una urgente necesidad de un debate profundo y informado.
(Actualización hasta 2025-11-26 00:40:00)
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