El panorama regulatorio europeo ha tomado un rumbo incierto con la implementación del nuevo reglamento que, en lugar de frenar la deforestación en América Latina, parece generar efectos adversos. Desde su anuncio, el calendario se ha retrasado en dos ocasiones, y ahora se prevé que la aplicación para grandes empresas no se materialice antes de diciembre de 2026. Esta serie de demoras revela la complejidad del proceso y los serios desafíos en su puesta en marcha.
Los costos de cumplimiento que impone la normativa no están distribuidos de manera equitativa; más bien, recae con especial fuerza sobre los pequeños productores agrícolas. Gobiernos de países como Colombia y Perú han levantado la voz, señalando las dificultades que enfrentan los pequeños agricultores para adaptarse a una exigente normativa diseñada sin suficiente consideración por las realidades locales. Muchos de estos agricultores carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo el mapeo detallado de sus parcelas y cumplir con las obligaciones de debida diligencia.
Una pregunta presentada en el Parlamento Europeo en 2025 subrayaba una inquietante tendencia: la regulación, en vez de mitigar la deforestación, está impulsando el surgimiento de cadenas de suministro paralelas que desvían productos hacia mercados como China, elevando así los costos para los consumidores europeos y trasladando la carga a los países productores que la UE pretende apoyar.
España, con vínculos institucionales, culturales y comerciales profundos en América Latina, tiene razones para preocuparse. La presión de las normativas europeas que benefician a las multinacionales en detrimento de los pequeños productores de países como Colombia o Guatemala podría afectar sus relaciones más cercanas, y así, España se encuentra en una posición incómoda.
En el ámbito probatorio, las críticas a la deforestación asociadas a grandes productores de aceite de palma se han debilitado. Datos recientes de Global Forest Watch indican que Malasia ha reducido su pérdida de bosque primario en un 13% en 2024 y ha implementado mejoras significativas en los últimos años, lo que no se refleja adecuadamente en el marco regulatorio europeo que categoriza a países como Malasia y Brasil de manera similar, a pesar de sus diferenciadas realidades.
Desde enero de 2025, Malasia ha lanzado MSPO 2.0, una norma robusta de certificación para el aceite de palma que solo reconoce tierras no deforestadas desde diciembre de 2019. Este sistema de certificación incluye auditorías independientes y requisitos de trazabilidad, lo que coloca al país en línea con las expectativas europeas. Sin embargo, queda la interrogante sobre si la maquinaria regulatoria de Bruselas podrá reconocer y validar estos progresos.
Sin duda, lo que se está gestando es una tensión más amplia en la política de relaciones comerciales de la UE. Mientras Bruselas busca profundizar la cooperación con economías emergentes en medio de la creciente competencia global, el EUDR impone cargas que pequeños productores no siempre pueden soportar. Las obligaciones de reporte son consideradas impracticables incluso por empresas europeas, y el sistema de clasificación de riesgo deja a grandes exportadores como Malasia e Indonesia en una escalofriante categoría de “riesgo estándar”, a pesar de los avances.
Los países de Sudeste Asiático y América Latina observan con atención. El discurso de que la UE establece estándares ambientales equitativos pierde fuerza cuando se observa que quienes sufren los costos más altos son aquellos que han mostrado mejoras significativas en la gestión ambiental. La falta de una infraestructura organizativa adecuada para procesar sus declaraciones complica aún más la situación.
La revisión que se prepara por parte de la Comisión Europea se antoja crucial para determinar cómo se diseñan y aplican los compromisos ambientales europeos, que en muchos casos terminan recayendo en productores de países en desarrollo, mientras que los beneficios parecen concentrarse en los consumidores europeos.
Con este trasfondo, España debería aprovechar esta revisión para abogar por un enfoque basado en resultados verificados, en lugar de prejuicios categóricos. Los datos están disponibles, y hay precedentes de marcos regulatorios que evidencian el progreso cuando se ofrece la capacidad de demostrarlo.
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