La manifestación de madres buscadoras que tuvo lugar el miércoles por la noche y el jueves, coincidiendo con la inauguración del Mundial, debería servir como un contundente recordatorio para el gobierno acerca de sus obligaciones fundamentales: proteger la vida y la seguridad de toda la población que habita en el país. Según el artículo 1 de la Constitución, es imperativo garantizar el respeto a los derechos humanos, que comprenden, entre otros, la libertad de expresión y de tránsito.
A pesar de las múltiples solicitudes para ser recibidas por la presidenta, la respuesta del gobierno ha sido desalentadora. No solo ha desoyído a estas familias, sino que también ha descalificado sus causas, considerándolas adversarias a un México que, según se asegura, está avanzando. Este desdén se refleja en comentarios que sugieren que “algunos ni demandas tienen”, lo cual pone en evidencia una grave insensibilidad ante una crisis humanitaria que ha dejado a más de 133,000 personas desaparecidas.
La desaparición forzada no es únicamente una tragedia personal; se trata de un drama que afecta a la sociedad en su totalidad. Cada caso representa no solo el sufrimiento individual de las familias, sino también una manifestación de un contexto social y político deteriorado. La explotación de personas, que puede abarcar desde la trata de seres humanos hasta la extorsión y el secuestro, es una realidad alarmante en el país. En lugares como Chihuahua, las autoridades han ignorado las denuncias sobre crímenes horrendos, sumiendo a la sociedad en una profunda sensación de impotencia.
La falta de respuesta efectiva ante la corrupción y la protección de funcionarios implicados en crímenes vinculados al narcotráfico y a la trata de personas solo agravan la sensación de desamparo. La ausencia de justicia, de un poder judicial confiable y de fiscalías que realicen investigaciones efectivas, convierte la lucha por los desaparecidos en una tarea que recae en las familias de las víctimas. Estas mujeres no son responsables de la negativa imagen que México presenta ante el mundo; más bien, representan la dignidad de una sociedad que se niega a ser silenciada.
En lugar de intentar desacreditar a las redes de familiares de desaparecidos bajo sospechas infundadas, el gobierno debería enfocarse en investigar con transparencia los casos emblemáticos que han marcado a la nación, como las desapariciones de Ayotzinapa y las atrocidades en el rancho Izaguirre. Solo mediante un enfoque realista y colaborativo se puede empezar a sanar el profundo daño infligido a tantas familias.
La verdadera fortaleza de México radicará en exigir justicia, apoyando a las madres y a todos aquellos que luchan por el derecho a la verdad. Esa es la única manera de que el país pueda realmente “ir bien”, construyendo un futuro donde la justicia se siente como una parte integral de la vida cotidiana.
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