La contaminación del aire y acústica se cobra al año miles de vidas en España. Pero, además, los picos de polución llevan asociado un alto coste en gastos hospitalarios debido a las enfermedades cardiovasculares y respiratorias que desencadenan. Un estudio publicado en la revista científica Environmental Research ha traducido a cifras ese impacto en la Comunidad de Madrid partiendo de los datos de hospitalizaciones del periodo comprendido entre 2013 y 2018. Solo en ingresos de urgencias, el artículo estima en alrededor de 202 millones de euros anuales el coste en esa comunidad, cuya reiterada mala gestión de la calidad del aire ha sido una de las causas por las que España fue condenada la semana pasada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Esa condena no conlleva una multa de momento. Pero si los problemas de contaminación persisten en Madrid y el área metropolitana de Barcelona (la otra aglomeración con incumplimientos sistemáticos de las normativas comunitarias), Bruselas podría volver a denunciar a España y pedir a los jueces que esta vez sea sancionada económicamente. “Supondría pagar dos veces”, sostiene Julio Díaz, investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III y coordinador del estudio publicado en Environmental Research. Porque, como explica este experto en calidad de aire, la contaminación ya tiene un alto coste en pérdida de vidas humanas y en gastos sanitarios.
En este último aspecto es en el que se han centrado Díaz y un equipo de investigadores ahora. Han calculado el impacto económico de los ingresos de urgencias durante los picos de contaminación del aire y acústica. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en la que han acometido este análisis, pero el estudio forma parte de un proyecto que pretende cubrir todo Columna Digital.
Los autores han comparado los ingresos hospitalarios de urgencia por enfermedades respiratorias y cardiovasculares con los datos de polución del aire y de contaminación acústica. Y han estimado unos costes por cada ingreso. Concluyen que anualmente se registran en Madrid una media de 8.246 admisiones de urgencia atribuibles a los picos de dióxido de nitrógeno (NO₂), cuyo coste estimado es de cerca de 120 millones de euros. A estos se le suman otros 5.685 ingresos atribuibles a la contaminación acústica, cuyo coste ronda los 82 millones. Aunque para el estudio se han analizado otras sustancias, como el ozono y las partículas en suspensión, los autores sostienen que el dióxido de nitrógeno y el ruido “son los principales contaminantes a los que se atribuye un gran número de hospitalizaciones”, por lo que son también “responsables de un marcado deterioro de la salud de la población y de un alto impacto económico relacionado”.
En el artículo se recuerda que el efecto que la contaminación del aire “tiene en el sistema respiratorio es bien conocido, produciendo exacerbaciones del asma, mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón”. “En el sistema circulatorio causa síndromes coronarios, enfermedades cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca entre otros”, añaden los autores. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud “califica la contaminación acústica como uno de los principales riesgos ambientales para la salud”, aunque existe menos literatura científica que en la polución atmosférica. “El informe más reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que uno de cada cinco europeos está expuesto a niveles de ruido que podrían ser gravemente perjudiciales para la salud”, entre los que figuran los riesgos de “enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, apunta el artículo.
Los autores indican que, “a pesar de que las regulaciones de control de la calidad del aire han llevado a una mejora en la situación atmosférica en los últimos años, los niveles de contaminantes atmosféricos siguen siendo altos”. Y apuntan al exceso “de ingresos hospitalarios” y “la consiguiente pérdida de la calidad de vida de la población y el gran coste económico” como consecuencias. En opinión de los autores, es necesario “actualizar los umbrales legales a niveles más cercanos a los recomendados por la OMS, e implementar nuevas políticas de salud pública que continúen protegiendo la salud de toda la población”. Según se señala en el análisis, “si se hubieran respetado los umbrales establecidos por la OMS, se podrían haber evitado 2.388 ingresos anuales por causas naturales atribuibles a la exposición al NO₂”.
Tráfico y vehículos de combustión
Tanto en el caso de la contaminación del aire como en la acústica hay que mirar hacia un mismo lugar cuando se buscan las causas: al tráfico y los vehículos de combustión, principales fuentes de la polución y el ruido, señala Díaz. “Hay que limitar el tráfico de vehículos privados”, propone como principal receta este investigador. “Ningún responsable municipal debería permitir que muriera ni una sola persona por contaminación”, añade por su parte Carmen Duce, de Ecologistas en Acción.
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el Ayuntamiento de Madrid se apresuró a señalar a su antecesora en el cargo Manuela Carmena, aunque el fallo se refiere a la gestión en la capital de España desde 2010 y hasta 2018. En ese periodo gobernaron la ciudad dos regidores del PP —Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella— además de Carmena. A eso se le añade que el expediente que ha derivado en la condena estaba guardado en un cajón de la Comisión Europea hasta que el actual regidor, el popular José Luis Martínez-Almeida, anunció que su primera medida tras ganar las elecciones sería derogar Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la ciudad. Tras ese anuncio, Bruselas reactivó el expediente contra España, a la que denunció ante el TJUE.
Martínez-Almeida ha asegurado que Madrid cumplirá este 2022 con la directiva europea de calidad del aire, que establece unos niveles de exposición máxima que sistemáticamente ha superado la capital desde 2010. Pero esos niveles de seguridad que fija ahora la norma comunitaria (40 microgramos por metro cúbico para la exposición anual) están muy por encima de lo que recomienda la OMS, que en su última revisión los rebaja hasta los 10 microgramos por metro cúbico. “No basta con cumplir con la ley, hay que cumplir con la salud”, advierte Díaz.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
