En un acto que ha suscitado gran controversia y debate, la fuente de San Miguel, situada en el corazón del zócalo de Puebla, fue objeto de vandalismo durante una manifestación con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El incidente se desarrolló en un ambiente de intensa emoción, donde la escultura, elaborada en cantera, sufrió daños significativos: fue martillada, rompiendo fragmentos de la estructura que alberga el agua, y además fue pintada con aerosol de color rojo.
Las acciones provocaron la detención de cuatro mujeres, quienes han quedado a disposición de las autoridades correspondientes. Este evento trágico se da en un contexto donde la lucha por la visibilidad de la problemática de las desapariciones forzadas es vital, aunque el acto de vandalismo ha desviado la atención del mensaje central de la protesta.
En respuesta a este hecho, el Gobierno del Estado ha emitido un comunicado, expresando su respeto hacia las distintas formas de manifestación ciudadana, aunque condenando los actos de violencia y vandalismo ocurridos durante la marcha. En este contexto, la administración del gobernador Alejandro Armenta ha resaltado su compromiso con el diálogo, subrayando la importancia de escuchar a las voces de los colectivos de madres buscadoras que continúan con la ardua tarea de localizar a sus familiares desaparecidos.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación lamentó los actos que perjudicaron el patrimonio histórico de Puebla, resaltando que tales acciones desvirtúan el propósito legítimo de la marcha. A pesar de los disturbios, el Gobierno reafirma su disposición a mantener un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad, comprometiéndose a tratar las demandas de los ciudadanos, siempre dentro del marco del respeto y la seguridad.
El hecho ha sido ampliamente difundido, generando reacciones diversas en las redes sociales, reflejando la tensión entre la urgencia de visibilizar la crisis de desaparecidos y la necesidad de proteger el patrimonio cultural. Esta situación pone de manifiesto los desafíos constantes que enfrenta la sociedad para encontrar un equilibrio entre la protesta legítima y el respeto a los símbolos culturales.
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