Después de días jugando al ratón y al gato, el Gobierno cubano por fin ha dado respuesta oficial a los promotores de una marcha opositora pacífica convocada para el próximo 15 de noviembre en diferentes lugares del país: un rotundo no. Decenas de personas organizadas en torno a la plataforma Archipiélago, fundada por el dramaturgo Yunior García tras las protestas del pasado 11 de julio, habían pedido permiso a las autoridades para realizar ese día manifestaciones pacíficas en diversas ciudades y pueblos de Cuba. Los motivos para las movilizaciones eran en reclamo de “la liberación de todos los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
La convocatoria, inédita en Cuba –nunca antes se había pedido permiso oficial para realizar una marcha abiertamente opositora-, estaba prevista inicialmente el 20 de noviembre, pero tras darse a conocer la fecha el Gobierno anunció unos ejercicios militares entre el 18 y el 20 de noviembre en todo el país sin hacer referencia a la manifestación contestataria. De inmediato, Archipiélago interpretó el movimiento como un mensaje indirecto y “una amenaza”, y cambió la fecha para el 15. Este martes llegó la prohibición expresa: el Ejecutivo no reconoce “legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha”, que considera una “provocación” con “fines desestabilizadores”.
Yunior García, como el resto de los activistas que presentaron cartas ante diversos gobiernos municipales solicitando permisos, invocaron para marchar el 15-N el artículo 56 de la Constitución, que ampara el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. En el espíritu y el imaginario de esta bautizada como Marcha pacífica por el cambio estaba el antecedente de las manifestaciones de protesta que sacudieron la isla el pasado 11 y 12 de julio, pero a diferencia de entonces, cuando la explosión de malestar de la población por las penurias económicas sufridas y en demanda de libertad fue espontánea, ahora conllevaba un reto político explícito, pues existía un reclamo abierto al Gobierno de respetar los espacios legales existentes para expresar pacíficamente en las calles su disconformidad con el sistema.
“Queda claro con esta respuesta que el Gobierno no está dispuesto a entablar ningún tipo de diálogo civilizado ni de abrir espacios políticos a los ciudadanos”, aseguró García horas después de recibir la notificación del intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta, prohibiendo la marcha que él y una veintena de firmantes habían convocado en la capital. Esta pretendía recorrer en silencio el malecón y algunas calles del centro histórico para depositar una ofrenda floral ante la estatua de José Martí en el Parque Central, al lado de la sede del Parlamento, acto en el que calculaban la participación de unas 5.000 personas.
En la carta, similar a la que recibieron el martes los promotores de movilizaciones en Santa Clara, Cienfuegos y otras ciudades del país, la autoridad municipal responde a García que “los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”. A juicio de Acosta, “ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe en simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ para Cuba, ensayada en otros países”.
La respuesta oficial insiste en que “apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar”. Tras reproducir el mantra usual de mercenarismo empleado para desacreditar a los opositores políticos, el intendente de la Habana Vieja invoca la propia Constitución para prohibir la manifestación.
“En su artículo 4, se define que ‘el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable’, por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita”, dice, desautorizando el argumento de los convocantes de que el artículo 56 de la Carta Magna les respalda el derecho a la manifestación pacífica. “Si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”, asegura Acosta.
Cerrada ya de forma tan contundente esta puerta, García y los miembros de Archipiélago debaten ahora qué hacer. “Es una barbaridad, ellos mismos desautorizan al presidente del Tribunal Supremo [Rubén Remigio Ferro], que tras las protestas de julio dijo que aquí no era delito pensar diferente, sino un derecho reconocido constitucionalmente. Si a alguien creía que Cuba solo tenía algunos déficits democráticos, ya está claro que no. Estamos ante un régimen totalitario que excluye a todo aquel que piensa diferente, todavía hay cientos de detenidos del 11-J”.
García y varios miembros de la plataforma formaron parte de las inéditas protestas de artistas que el 27 de noviembre del año pasado y el pasado 27 de enero reclamaron ante el Ministerio de Cultura mayores espacios de libertad y el cese del hostigamiento policial contra los miembros del llamado Movimiento San Isidro –cuyo líder, Luis Manuel Otero Alcántara está preso desde las manifestaciones del 11J-. En su agenda política está promover cambios políticos en Cuba por medios legales y pacíficos, incluyendo marchas en las calles como la del 15-N, quizás el primer gran pulso en esta estrategia.
